La empresa privada prioriza la seguridad jurídica en el proyecto de Ley de Inversiones que aprobada ayer por la Cámara Baja pasó a consideración de la Cámara de Senadores. La socióloga Fernanda Wanderley propuso que el Estado debiera asumir un rol productivo complementario en vez de competir con la iniciativa privada.
EL DIARIO y agencias.- La empresa privada cuestionó “el copamiento” del Estado en actividades de su ámbito y dijo que la participación del Estado en la economía aumentó de 30 al 40 por ciento. El Gobierno tiene previsto la creación de 28 complejos productivos en varios sectores de actividad privada y donde aquélla genera empleo y producción. La socióloga Fernanda Wanderley propuso recientemente que el Estado debiera asumir un rol productivo complementario en vez de competir con la iniciativa privada.
PROYECCIÓN
Las empresas Lacteosbol y la Empresa Boliviana de Almendra (EBA) se transformarán en empresas públicas, debido a que son sostenibles en las áreas financiera, administrativa y de estructura administrativa, anunció la gerente general de dicha entidad pública, Patricia Ballivián.
“Lacteosbol ya es una empresa que está manejándose con toda la eficiencia, autonomía y está ya en proyección de salir del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) al igual que la Empresa Boliviana de Almendras (EBA)” manifestó. La funcionaria adelantó asimismo que el país dejará de importar cemento el 2017 con la puesta en marcha de la Empresa Boliviana de Cemento (Ecebol). “Vamos a acaparar más del 20 por ciento del mercado. Nosotros estamos proyectando tres años de construcción de la planta, es decir el 2017 comenzamos operaciones para cubrir el mercado”, señaló.
SEGURIDAD JURÍDICA
La industria y el comercio del país plantearon a la Asamblea Legislativa garantizar la seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras en el marco de la futura ley que se sustancia en la Asamblea Legislativa. “Lo más importante que se debe brindar en una Ley de Inversiones es la seguridad jurídica, la estabilidad en las normas que los empresarios que estén interesados en llegar a Bolivia”, manifestó.
Dijo que el sector de la manufactura advirtió el “copamiento” del mercado por empresas estatales y estimó que la participación pública es del 40% en la producción de alimentos en el país, cuando existen rubros donde el sector privado no puede acceder. Las declaraciones vertidas por Yaffar se sustentan en el hecho de que el país exporta sólo el 5% de los productos manufacturados, debido a la falta de un apoyo gubernamental con políticas públicas, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones vecinas. La socióloga Fernanda Wanderley planteó al Gobierno en una reciente publicación utilizar los recursos del gas para fortalecer las iniciativas productivas de la sociedad. “Las empresas del Estado tienen que cumplir una función complementaria en vez de competir con los empresarios privados”, afirma.
NACIONALIZACIONES
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, propuso que se elimine el artículo 27 del proyecto de ley que versa sobre las nacionalizaciones. Efectivamente la Cámara Baja dejó sin efecto este martes el referido artículo sobre las nacionalizaciones. Yaffar reconoció la potestad del Estado para adoptar eventuales decisiones en esta materia considerando interés público y destacó el aporte de la inversión extranjera.
CONFISCACIONES
El pasado 5 de marzo, la Cámara Nacional de Comercio, luego del análisis del proyecto de ley, expresó también su preocupación ante futuras confiscaciones en Bolivia. Según su presidente, Fernando Cáceres, el término nacionalización “no está definido en el proyecto de ley, ni es un término que se recoja en la Constitución Política del Estado”.
Yaffar demandó de los asambleístas que la futura norma garantice la estabilidad jurídica para que inversionistas inviertan en país, que es lo importante, incluso más que los incentivos tributarios, precisó.
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