En torno a la última fuga

La fuga del ex fiscal Soza al Brasil, parece ser la gota que colma la copa de escándalos públicos y contribuye a la insatisfacción social, estado de cosas que reclama a las autoridades y al aparato judicial su reacción legal y correcta para restablecer las garantías de confianza de la ciudadanía y, a la vez, liberarla de sobresaltos como los ocurridos.

Ciertamente son muchos los casos que configuran un cuadro preocupante y enrarecido. Desde el descubrimiento de la red de extorsión que operaba en un alto nivel estatal hasta la inesperada contorsión de Marcelo Soza, como en un film dramático se han sucedido la captura y encarcelamiento en Estados Unidos de Sanabria, “zar antidroga”, más otro acto de extorsión en flagrancia contra un ciudadano boliviano residente en Miami, por Fabricio Ormachea, Jefe de Policía Anticorrupción, todo lo cual empaña la carta de presentación a nivel internacional del Estado plurinacional.

Los protagonistas en cuestión formaban parte de organismos clave de la seguridad pública y como tales gozaban de aval gubernamental. Es verdad que también abusaron de su poder e influencia, empero brilló por su ausencia el deber de control y vigilancia, que es también función gubernamental. Después de la evidencia de estos casos, las autoridades condenan a los autores por tratarse de “delincuentes confesos”, “reos rematados”, etc., pero que en su momento gozaron de su confianza. ¿Con qué antecedentes? No se sabe. A la hora nona se dispone el arraigo y se habla de extradición del nuevo huésped de la protección exterior.

En la opinión pública existe la convicción de que no bastan las descalificaciones y que es ineludible una investigación a fondo, capaz de poner las cosas en claro e identificar a las redes de complicidad ocultas, porque no hay historia delictiva de estos alcances que no cuente con aparatos de colaboración, facilitación y encubrimiento.

No deja de ser extraño que pese al conocimiento de grabaciones muy comprometedoras, además de otras pruebas alrededor del ex fiscal Soza, la Fiscalía General no hubiese obtenido la autenticación de las mismas, ni haber ordenado mínimas medidas de seguridad fronteriza -no digamos siquiera arraigo- con carácter preventivo. ¿Acaso no huyó con idéntica facilidad el senador Pinto? Esto vale a su vez para el Ministerio de Gobierno, custodio administrativo de las fronteras.

La carta de despedida del “fiscal de hierro” contiene muchas denuncias que no se las puede dejar de investigar. Así, dice que recibió presiones sobre vulneración de derechos, involucrar en el proceso Terrorismo y Separatismo I a “líderes cruceños”, sin que dispusiera de pruebas, además de otras graves aseveraciones.