Entre el botadero y las lagunas…

Lo difícil de escribir una columna de opinión periódica suele ser la elección de un tema concreto. La pretensión elemental es que el tema elegido interese a los potenciales lectores y que su análisis sea mínimamente útil para generar opinión ajena a partir de explicitar la propia. Que lo escrito permita confirmar coincidencias o disidencias. Aceptar la opinión ajena o disentir con ella en base a los argumentos y razonamientos que la sustentan es, en el fondo, esencia de la vida en democracia.

Lo ideal es pues buscar un tema concreto para tener un mínimo de profundidad en el análisis. Aunque la vista del árbol, dicen, impide muchas veces ver el bosque. En estos tiempos hay muchos temas que por encima del interés coyuntural importan por sus repercusiones futuras, previsiblemente negativas para nuestra vida en comunidad. Esta columna es pues un intento de ver el bosque a pesar de todo lo que pretende tapar el árbol.

Imposible eludir, pese a lo mucho que se ha escrito y se ha dicho, el tema de las denuncias del ex fiscal Marcelo Soza, desde Brasil, y las revelaciones del ex director de inteligencia Fabricio Ormachea, desde Estados Unidos. Los dos personajes, ilustres desconocidos para la mayoría de los bolivianos, ocuparon los cargos que ocuparon por designación directa del gobierno. Fueron hombres de confianza de las autoridades actuales. De lo que hicieron o dejaron de hacer Soza y Ormachea son responsables las autoridades que los colocaron en puestos clave y les dieron poder legal para hacer y deshacer con la ley en la mano. Una revisión elemental de archivos lo prueba de manera suficiente.

Con ese antecedente, pretender quitar importancia y credibilidad a lo que denuncia Soza y revela Ormachea, descalificándolos como “delincuentes” o “corruptos” sólo aumenta el pecado de quienes los designaron en los cargos que ocupaban. Es una prueba irrefutable de incompetencia. Pero sobre todo, no desvirtúa todo lo que denuncian o revelan, que es finalmente lo que le interesa al país y a la historia. Salir por la tangente, más bien, les da sustento y credibilidad porque pretende insultar la inteligencia ajena.

Al margen del tema específico, lo que ocurre preocupa porque ese caso es sólo botón de muestra. Hay muchos otros que por sus características tendrían que estar en el botadero o terminar en lagunas de oxidación. Desde hace un año están ya en prisión abogados que ocuparon altos cargos en tres ministerios y algunos fiscales acusados también de extorsión. Y enfrenta un juicio el ex director de Coca e Industrialización (DIGCOIN) Luis Cutipa, por el desvío de 45.000 toneladas de coca incautada y cuyo precio representa muchos millones de dólares. Están también en prisión el gerente general y otros altos funcionarios de la estatal Empresa Naviera Boliviana, que desconoce el paradero de los dos empujadores comprados en China que le costaron al país 11,5 millones de dólares junto con 16 barcazas que le costaron 14,4 millones. Y denuncias de malos manejos en el Fondo Indígena, reconocidos por el propio Presidente.

Esos son casos visibles, presentes en la memoria inmediata. Pero dan pie firme a suponer, siguiendo la línea de descargo que hacen las autoridades, que existen muchos “corruptos” o potenciales “delincuentes” más en funciones públicas. La imagen es pues de corrupción en el manejo de la administración del Estado. En política, el uso del todo vale para justificar que se inscriba militantes políticos en los consulados o que se amenace hacer proselitismo en algunas regiones. Hay demasiadas muestras de manipulación de la justicia desde el poder central. Y de la administración de los recursos del estado como botín de algunos.

Atribuir todas esas irregularidades al afán opositor de atacar al gobierno suena absurdo, por obvio. Y muestra un nivel de miopía grande que debía preocupar al propio gobierno. Bien analizados, esos casos prueban que las termitas están destruyendo por dentro a su propio tronco. Las denuncias involucran de manera directa a funcionarios del gobierno, en sus distintos niveles. Y en última instancia, a las autoridades que están por encima de ellos o a quienes los pusieron en esos cargos.

En el gobierno del Estado -como en el de cualquier empresa o institución- obligaciones y responsabilidades, honores, premios y castigos recaen en la cabeza. Es el precio del poder, más allá de lo que signifique para el ego o las ambiciones personales, por mucho que se reivindique ser revolucionario o ideales y principios ideológicos. Es verso eso de mandar obedeciendo al pueblo. El ex dictador Luis García Meza está en la cárcel por todo lo que ocurrió bajo su gobierno, aunque alegue que otros hicieron lo que hicieron o que todo fue por mandato de las fuerzas armadas. A Gonzalo Sánchez de Lozada lo derrocaron sus errores y una conspiración política y hoy se lo sindica de genocidio, entre otras cosas, aunque él no haya disparado un solo tiro en el 2003.