Armas y vandalismo

La delincuencia, el vandalismo, los crímenes y otros actos contra los derechos humanos han adquirido proporciones muy grandes en los últimos años; en la mayoría de los casos, con el uso de armas de fuego que utilizan los dedicados a atropellar los derechos ajenos, sea para cometer robos, segar vidas por cualquier motivo, asaltar propiedades o, en casos, para cumplir con consignas de venganzas, seguramente por parte del narcotráfico que ha crecido desmesuradamente.

En muchos casos, se culpa a delincuentes de otros países; sin embargo, casi siempre están comprometidos ciudadanos bolivianos en acciones delictivas, en graves hechos criminales. Lo cierto es que hay una oferta ilimitada de armas de fuego que son encontradas como “material de libre venta” en puestos llamados “estratégicos” de nuestras ciudades.

Casi siempre se ha sostenido, conforme al tenor de las leyes, que las armas deben estar sólo en poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía; pero en casos se aduce el derecho de portarlas con la justificación de la auto-defensa o para impedir asaltos a propiedades, bancos, etc.; pero para los que están dispuestos hasta a ofrendar sus vidas, no hay freno y portan armas de varios calibres con las que cometen delitos. En muchos casos, la simple mención de que se porta algún arma sirve a quienes realizan secuestros para exigir rescates, con la amenaza de que si no se cumple con las exigencias, se quitará la vida a los rehenes.

El proceso “revolucionario” de 1952 distribuyó, graciosa, alegre e irresponsablemente, fusiles Máuser a muchos campesinos con la finalidad de que “defiendan la revolución nacional” y, además, fueron creadas milicias y cuadros de “barzolas” debidamente armados con revólveres y otro tipo de armamento. La “revolución nacional”, por causa de su propia militancia, periclitó y las armas quedaron en poder de campesinos, que luego las vendieron. A partir de noviembre de 1964 el presidente René Barrientos Ortuño dispuso que esas armas sean devueltas y si bien se cumplió la instrucción, fue solamente en parte, porque la mayoría fue vendida o utilizada en otras acciones “revolucionarias”.

Varias veces se informó que la Policía “vigilará y controlará” la venta de armas; cabría preguntar: ¿Tuvo éxito? ¿Cuánto incautó? En esta labor debería tener acción el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Fluvial y Lacustre, que son unidades de las Fuerzas Armadas y que en diferentes regiones tienen instalados cuarteles, desde los que pueden controlar y vigilar la tenencia de armamento en elementos civiles, quienes no tiene razón alguna para portarlas.

El que la población tenga armas en su poder es un grave atentado contra la comunidad; es, además, una incitación para que, en casos, sean cometidos crímenes, sin que merezcan las sanciones establecidas por ley.