ONU detecta crisis, retardación e insuficiencia de servicios judiciales

En conferencia de prensa, ayer el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Bolivia en su informe anual de la gestión pasada, Denis Racicot, identificó la crisis en la justicia boliviana, especialmente en la retardación y la insuficiencia de servicios judiciales.

Agregó que en el país aún no se pudo revertir la crisis por la que atraviesa la justicia boliviana en relación a la retardación, la insuficiente eficiencia en servicios judiciales, además del acceso limitado a la justicia, especialmente por sectores vulnerables, el rezago judicial, la corrupción y la impunidad en el sistema judicial.

Racicot sostuvo que “existe una atención muy importante de varios mecanismos del Consejo de Derechos Humanos”. Mientras que aseguró que en el caso específico del terrorismo y otros que se ventilan en la justicia se hará un seguimiento de cerca. “Nosotros vamos a continuar realizando esa labor de monitoreo al caso con la misma rigurosidad, atención y el mismo carácter profesional con la misma visión de Naciones Unidas, de imparcialidad, de objetividad, como lo hemos hecho hasta este momento”, refiriéndose a un pedido de intervención de Unidad Nacional.

Afirmó que dentro del mismo Sistema de la ONU realizarán un seguimiento a dicho asunto, “en particular el Relator Especial Sobre Ejecución Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias como el Relator Especial Sobre Detenciones Arbitrarias”.

Puntualizó que también se hará un seguimiento Sobre Independencia de Jueces y Abogados, “mandato que podría permitir conocer los casos que se desarrollan alrededor del proceso de terrorismo”. “Además de realizar también recomendaciones a autoridades competentes judiciales, específicamente a la Fiscalía”, dijo el representante en Bolivia.

CÁRCELES

Otro aspecto que resaltó en el informe es la presencia de menores de edad en las cárceles del país, y que los mismos no cuentan con infraestructura adecuada por el hacinamiento vigente, siendo evidente el uso excesivo de la detención preventiva que, según los datos que reveló, asciende al 83.3% de la población penitenciaria, entre medio niños y niñas que viven en los recintos.

La Organización de las Naciones Unidas pudo evidenciar mediante los informes de la Dirección de Régimen Penitenciario que aún existen en en las cárceles más de 200 niños y niñas que viven con sus progenitores, lo que implica que muchos de ellos deben ser despejados por las autoridades de las instalaciones.

CONSULTA A LA MINISTRA

Sobre el tema intentamos comunicarnos con la Ministra de Justicia Elizabeth Gutiérrez, sin embargo vanos fueron los esfuerzos, lo único que anunció la jefa de gabinete es que la autoridad estaba en una reunión.