Nacionalizar para luego indemnizar

Desde el año 1937, cuando se produjo la nacionalización de empresas explotadas por capitales extranjeros, son múltiples las experiencias de nuestro país sobre la inutilidad de dichas medidas que sólo han complicado la vida de nuestra República. Se nacionalizó mucho para pagar con creces la medida y los beneficios no han sido todo lo que las políticas partidistas han creído que serían convenientes para el país.

En cualquier parte del mundo, especialmente cuando se busca salir de altos índices de pobreza, la intervención de capitales financieros, tecnológicos y humanos para la creación de riqueza y consiguiente generación de empleo se ha visto que es vital para el desarrollo y progreso de los pueblos y las pruebas están en todos los países ricos y desarrollados y en aquellos que han cambiado su excesiva pobreza con la solución de sus más apremiantes problemas, como son los casos de India, China, Argentina y Brasil para tomar pocos ejemplos.

Países que han atraído los capitales indicados han podido producir lo que por propia iniciativa o con pocas posibilidades financieras tecnológicas y humanas no han podido hacerlo. Creer que se trata de “empresas esquilmadoras de la riqueza nacional” es creer en un absurdo simplemente porque quien invierte, sea nacional o extranjero, lo hace con la perspectiva de progresar produciendo y ganando dinero para reinvertirlo o disponer libremente de él.

Creer que quienes invierten deben hacerlo graciosa y gratuitamente es una equivocación; por lo que en lo nacional debe haber un sentido y hasta una vocación patriota, de amor al país, de mejorar la vida de la población, es evidente; pero de ahí a hacerlo gratuitamente, es imposible. Quienes poseen capitales financieros, antes de sufrir malas experiencias y hasta perder el producto de su trabajo o lo que tienen por cualquier medio lícito, más ganarían con depósitos a plazo fijo en la banca internacional, que arriesgando lo que tienen en países donde no hay ni la seriedad ni la capacidad jurídica para garantizar las inversiones.

Indemnizar lo que se nacionaliza, estatiza o expropia pasando a poder de los Estados o de los gobiernos todos los bienes motivo de la medida, debe ser acción lógica, justa y equitativa; no se puede ni debe expropiar algo sin la debida indemnización y, si cabe, las compensaciones debidas por los perjuicios que se causa. Que quienes adeudan al país por concepto de beneficios sociales a su personal, adeudan impuestos o tienen contraídos deudas deben pagar todo ello, es lo correcto y no dejar secuelas de esas obligaciones para que el Estado nacionalizador se haga cargo.

Nacionalizar para luego indemnizar no es lo que permite el desarrollo de un país; por el contrario, implica hipotecarlo y hasta someterlo a situaciones de desconfianza mostrando inseguridad para futuras operaciones, especialmente cuando no existen las garantías precisas.