Desprotección a la industria de ropa

A principios de marzo pasado, una alta autoridad del Estado comunicó a la opinión pública que Bolivia iba a pedir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) modificar las tasas arancelarias para importación de ropa nueva y que, en ese sentido, demandaría que se fije un arancel de 400 por ciento. La argumentación para esa solicitud supuestamente se basaba en defender la industria nacional e incrementar el consumo de productos hechos en Bolivia.

La noticia causó gran satisfacción y expectativa no sólo entre sectores de la gran industria sino también entre los cientos y cientos de artesanos y aprendices de todo el país, así como entre el público que generalmente tiene preferencia por los productos nacionales. Ni qué decir de la alegría que sintieron los sectores progresistas que consideraron la proposición como positiva.

Sin embargo, la interesante información del vice Ministro de Comercio Interno causó ostensible malestar en otras esferas del Gobierno, las mismas que reaccionaron de inmediato con inusitada energía y declararon, por medio de una Ministra, que “no existía ningún proyecto de norma o modificación al régimen arancelario para elevar los aranceles de importación de ropa nueva”, desmentido que cayó como un balde de agua fría sobre todos los que consideraban que esa medida se pondría en práctica.

Ese desmentido provino de la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien negó que el Gobierno iba a pedir a la OMC dicho aumento del arancel, argumentando, además, que en otro tiempo el arancel era del 10 por ciento y ahora se tiene arancel del 40 por ciento y que se está “avanzando” en otro estudio. Insistió en que, de todas maneras, se dijo que el anuncio original del vice Ministro se debió “a una lamentable confusión periodística”, aunque sin especificar concretamente el origen de esa generalización inicial. Así mismo, la Ministra aseguró que “en ningún momento se ha señalado que Bolivia vaya a fijar un arancel del 400% a los textiles”.

La referida afirmación y negación de la aplicación de nuevos aranceles para vestimenta nueva puso en tapete el asunto referido a la política de proteccionismo o de libre comercio que se debe aplicar en el país, en especial desde que Bolivia dejó de favorecerse con mecanismos internacionales. En efecto, la Confederación de Micro y Pequeña Empresa manifestó que seguirá insistiendo en elevar el impuesto a las importaciones de prendas de vestir, ya que las nacionales están en peligro de desaparecer por el contrabando de ropa barata que está invadiendo masivamente al país.

En relación con la competencia extranjera se informó, además, que la venta de ropa extranjera en Bolivia casi se ha duplicado, es decir pasó de 80 a 160 millones de dólares, mientras la cantidad de vendedores de esas mercancías pasó de los 30.000 a los 250.000, causando, por tanto, una situación crítica para la industria nacional. Se suman a esos factores el contrabando y que no se cumple el decreto de internación de ropa usada al país, que de China entra ropa con precios muy baratos y el pago de arancel nada significa y otros factores.

Finalmente, los pequeños manufactureros reiteraron que claman al Gobierno apoyar, proteger y fomentar la producción de la industria nacional, oponerse a las importaciones que invaden el mercado nacional, establecer control de calidad, señalar precio-país y otros, de tal forma de evitar que la industria nacional entre en quiebra y deje sin empleo a miles de artesanos y sus dependientes.