No hay donde perderse. Los muertos que permanecieron 15 horas tendidos en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, son los que acusan. Ahí están las pruebas incontrastables que niegan el presunto terrorismo cruceño, que ha dado origen a un interminable acoso judicial lleno de matufias, abusos y trampas. Es el tiempo, finalmente, como en muchas otras circunstancias, quien pone las cosas en su lugar. Lo que se sabe es que existió un terrorismo de Estado.
El Gobierno continúa afirmando, a través de sus máximas autoridades, que se produjo un intento secesionista en Santa Cruz, tema, que, como hemos explicado hasta el cansancio, es totalmente falso. La intención fue obvia en su momento: acusar a los cruceños de pretender desmembrar Bolivia, lo que significa un acto de traición a la patria. Ante una acusación de esa naturaleza la dirigencia de Santa Cruz quedó confundida, se llenó de incertidumbre, no daba crédito al infundio pero receló que en la acusación pudiera existir alguna verdad. Tal fue la maestría con que el gobierno masista jugó sus piezas. Tal fue el cuidado con que se montó la confabulación que estaba destinada a descalabrar toda resistencia cívico-política en el departamento.
Ya se había ejecutado un acto criminal en Porvenir, Beni, cuando desde el Gobierno se lanzó turbas armadas con palos, machetes y fusiles, hacia Cobija, con el ánimo de deponer al gobernador Leopoldo Fernández, hombre a quien se temía porque con su presencia en Pando todo esfuerzo oficialista por romper la entonces llamada “media luna” hubiera sido vano. Se hizo otro montaje profesional para hundir a Leopoldo Fernández y no importaron los muertos que hubiera. Lo lograron.
Eso mismo, por otros medios, en otra forma, con una intención mucho más dañina se armó en Santa Cruz. Igualmente no importaban los muertos, no interesaban las formas, había que embadurnar a la sociedad cruceña con la vieja historia del separatismo y el plan iría hacia un éxito seguro. En Pando, los masistas lo lograron. En Beni no pudieron ante el coraje de hombres como Ernesto Suárez. En Santa Cruz fracasaron no sin antes provocar grandes temores, pero, pese a su fracaso, el Gobierno, a través de sus fiscales, no ha cejado en su afán de, por lo menos, dejar el estigma secesionista ante la vista todos los compatriotas.
La madrugada del 16 de abril del 2009, un grupo especial de la Policía ingresó sigilosamente al Hotel Las Américas de Santa Cruz, y, de acuerdo al plan, los hombres armados se dividieron en grupos para dirigirse a las habitaciones que les habían señalado, donde dormían Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyler, ex combatientes en los Balcanes. Entraron a sus dormitorios y los acribillaron a tiros en sus camas, sin preguntar nada. Ninguna de las víctimas tuvo posibilidad de defenderse.
Antes del asalto de los organismos de seguridad del Estado, se había paralizado el circuito de las cámaras de vigilancia para que no quedara constancia de nada, y además se borraron las grabaciones que hubiera en el sistema informático y se eliminaron los registros del hotel. No hubo la presencia de ningún fiscal y sólo estaban alojados en habitaciones vecinas, estratégicamente ubicadas, uno o más funcionarios de inteligencia del Ministerio de Gobierno. Flagrante nocturnidad.
Al día siguiente, pasadas quince horas, con los cadáveres todavía en el lugar del crimen inexplicablemente, se allanaban los predios de Cotas en EXPOCRUZ y se incautaban viejas armas de guerra, “sembradas” previamente, y empezaba la peor cacería de ciudadanos cruceños acusados de terrorismo y separatismo de que se tenga memoria. Entre tanto, en Caracas, a esas horas, S.E. informaba a Hugo Chávez y Raúl Castro, en la Cumbre del ALBA, que se había desbaratado una intentona de golpe de Estado de tinte separatista en Santa Cruz y que él había dado la orden, antes de su viaje, de actuar.
Luego de los asesinatos en el hotel se instaló un juicio despiadado, con persecuciones y exilios por doquier. Se acusaba a los cruceños de haber montado un plan terrorista que desembocaría en la desmembración de Bolivia. Hasta ahora, que sepamos, hubo tres muertos en este presunto intento secesionista. Los tres individuos fueron baleados por policías de elite encubiertos. Los procesados que están presos desde hace casi cinco años, no dispararon ni un tiro ni mataron a nadie. Sin embargo, son quienes están acusados de terrorismo.
Si los únicos muertos los produjeron elementos del Gobierno, los terroristas no son los inculpados de hoy. No pueden ser terroristas quienes no apretaron el gatillo. Ni quienes tampoco lanzaron la bomba donde el cardenal Julio Terrazas. Sólo el ex fiscal Soza podía sostener tanto embuste, tanta calumnia, hasta que, rico pero agobiado, se rindió y huyó. Ya era un sujeto descartable para la alta dirigencia gubernamental. Ahora, con los muertos en el Hotel Las Américas como testigos, hay que desembozar y juzgar a los instigadores del infundio.
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