Uniformados desconocen leyes referidas a discriminación

El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, lleva realizando dos semanas de capacitación a efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) donde pudo percibir que los uniformados desconocen la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia” y la “Ley contra el racismo y toda clase de discriminación”, lo que genera su incumplimiento y sobre todo que las normas no sean promovidas.

La capacitación se aplica a diferentes niveles desde oficiales y clases quienes en base a la propia Constitución Política del Estado (CPE) deben tener la obligación de conocer las normas, cumplir, hacer cumplir y sobre todo promoverlas por representar un sector de las entidades públicas y que, pro consiguiente, deben estar en constante relación con la población civil.

Uno de los temas abordados en esta capacitación es el racismo y toda clase de discriminación que puede presentarse al interior de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta algunos antecedentes en la pasada gestión en otras unidades militares donde se denunciaron algunos hechos.

Además, la autoridad, informó que otra de las problemáticas está referida al tema de la violencia contra la mujer al interior de las FFAA donde el género femenino ocupa menos del 2% y de acuerdo a su infraestructura y sus normas, se observa que aún no llegaron a adecuarse manteniendo un sistema patriarcal y machista que debe ser restructurado en un proceso permanente.

“Ellos están conscientes de que aún no se han realizado los ajustes a sus normas internas para adecuarse a las dos normas que establece la misma ley como la 045 Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación y la 348 protegiendo a las mujeres”, explicó Hidalgo.

El defensor del Pueblo observa que las instituciones castrenses no habrían realizado ajustes a sus reglamentos internos, sino que pueden llegar a vulnerar las dos normas por desconocimiento y al llegar a desconocerlas, en muchos de los casos, las víctimas desconocen cuáles son los procedimientos por los cuales puedan solicitar hacer respetar sus derechos.

Los casos de violencia intrafamiliar al interior de las FFAA y la propia Policía serían recurrentes, de acuerdo a datos del Defensor, pero se observa que la dependencia sobre todo económica es uno de los factores que evita la aplicación de la norma.

“Por lo tanto, el propio desconocimiento de la norma incide en la vulneración de los derechos humanos y al mismo tiempo no se permite su cumplimiento y menos promoverlas. Ante esto, se demuestra el pleno desconocimiento de la mayoría de los servidores públicos incluido de las posibles víctimas quienes no saben qué mecanismos de defensa se tiene para exigir se repare sus derechos y ellos desconocen”, explicó la autoridad.

Por lo tanto, el representante del Defensor del Pueblo continuará en el proceso de capacitación para que funcionarios públicos de la FAB puedan tener conocimiento como pueden solicitar su defensa mediante recursos disciplinarios, administrativos, proceso ordinario y acciones constitucionales como el propios amparo, los mismos que son explicados en las charlas en cuatro grupos de cerca de 40 hasta 50 uniformados.

En todas las unidades militares (cuarteles–regimientos) la segunda autoridad al mando es el responsable de la defensa de los Derechos Humanos que en mucho casos se asume como una tarea personal, sin aplicarse procesos continuos con una inversión económica de la propia institución, además que esta autoridad al ser una autoridad de alto grado del ámbito militar no es parte del ámbito jurídico y desconoce las normas legales que deben aplicarse y promover al interior de las instituciones castrenses, siendo la misma identificada como una tarea débil.