Exasesores legales del Ejecutivo revelarían información clasificada

La diputada de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echeverría, visitó ayer el penal de Palmasola en Santa Cruz, donde pudo hablar con el exdirector de Régimen Interior y exasesor del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, quien le manifestó su preocupación por presuntas amenazas a su integridad, mientras otros encauzados en el caso Ostreicher pidieron la condición de testigos para poder revelar cierta información clasificada sobre procesos que implican a altas autoridades del Ejecutivo.

La legisladora cruceña realizó un abordaje a la problemática carcelaria del penal y luego manifestó que se encontró con el acusado de presunta extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher, quien fugó del país a principios de año. “Me dijo hoy (ayer) en la cárcel que teme por su vida, pidió que la fiscal Barrientos le conceda la protección de testigo”, citó.

En tanto, los otros sindicados en el mismo caso, Fernando Rivera y Denis Rodas, ambos exasesores legales del Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Presidencia, pidieron en audiencia que se libre su dependencia de dichos despachos para levantar el “secreto de Estado” que aún los liga y así poder testificar en casos como el de “terrorismo – separatismo” que se encuentra en fase oral.

Por su parte, la senadora Carmen Eva Gonzales (CN), quien hace un seguimiento a este caso, además del proceso por supuesta extorsión e incumplimiento de deberes al exfiscal Marcelo Soza, también fuera del país desde el 11 de marzo, corroboró las palabras de Rivera y Rodas en sentido de pedir al Ministerio de Gobierno la liberación de esta reserva informativa aplicada en casos extremos que hacen a la seguridad de un Estado.

Gonzales también recordó que el exfiscal Edward Mollinedo apuntó al Gabinete Jurídico del Ejecutivo como principal responsable de la “injerencia” del Gobierno central en el Órgano judicial, Ministerio Público y administradores de justicia.

“El Ejecutivo ha tenido una injerencia directa en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, a través del Gabinete Jurídico compuesto por varios ministros quienes toman el control de la investigación en estos procesos de mucho interés para el Gobierno”, recordó en declaraciones a Erbol.

Los procesados en el caso Ostreicher podrían tener relación con el caso de supuesto terrorismo o denominado caso Rózsa, por haber sido parte del Gobierno durante los operativos desarrollados en Santa Cruz. Asimismo, la oposición asegura que los abogados, en especial Villegas, tendrían contacto con el exfiscal Marcelo Soza, encargado del proceso hasta el año pasado, situación que fue “documentada” con fotografías presentadas por la senadora Gonzales.

El Gobierno rechazó en su momento toda relación entre ambos casos o entre los abogados mientras Soza respondía al Ministerio Público.

Ayer, el presidente de la Cámara de Senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, pidió no confundir los casos Soza y Rózsa, añadiendo que la oposición sólo busca que el proceso “terrorismo – separatismo” sea archivado para dejar en impunidad a quienes quisieron dividir el país en 2009.

Sobre Soza, el senador dijo que su huida a Brasil es un reconocimiento de culpa y pidió a las autoridades del vecino país no “refugiar a delincuentes”, pues el exfiscal solicitó esa calidad ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare).

“Nosotros le decimos al Brasil que no se haga engañar con aquellos que han cometido delito en Bolivia sobre todo Soza. Brasil debe tomar y debe hacer una evaluación, no puede ser receptor de aquellos que cometen delito en un Estado y Brasil debe tomar con mucha seriedad estos temas”, dijo.