Confuso proyecto de Ley de Inversiones

Debido a que es urgente que el país cuente con una Ley de Inversiones y como efecto de la demanda de la empresa privada del país, finalmente una Comisión de las Cámaras Baja y Alta del Parlamento estudió y aprobó un Proyecto de Ley denominado “De promoción e inversiones”, que comprende 27 puntos y seis disposiciones adicionales. La redacción del documento tuvo como objetivo general la aprobación de la nueva norma que regulará las actividades de promoción de la inversión en Bolivia, la misma que enfrenta numerosas dificultades y originó en gran medida, en últimos años, la creciente paralización del sistema productivo.

El Proyecto de Ley fue recibido con expectativa por todos los sectores de la opinión pública, pero antes de que fuese considerado, una corriente de la tienda política gobernante se apresuró en frenar su estudio y de manera específica pidió que el Artículo 27, referido a las “nacionalizaciones”, sea eliminado, actitud a la que naturalmente se sumaron otros sectores económicos del país.

El vacío legal en torno a la atracción de inversiones, así como la carencia de garantías para su existencia en el país determinaron notables problemas en minería, agricultura, turismo, comercio, etc. Pero, de manera más concreta, se produjeron actos oficiales para frenar y ahuyentar las inversiones extranjeras, como las llamadas nacionalizaciones, la falta casi absoluta de garantías para los inversionistas, la toma de empresas mineras y campos agrícolas, las amenazas insistentes de destruir el sistema capitalista para aplicar, en cambio, un obsoleto sistema socialista y otras afirmaciones que pusieron a Bolivia en los últimos lugares de interés para los inversionistas.

Durante gran parte de los recientes años, Bolivia dejó de recibir cuantiosas inversiones. Sin embargo, por otro lado, numerosos inversionistas ya establecidos en el país tuvieron que retirarse exigiendo, además, fuertes indemnizaciones y planteando litigios internacionales que dejaron muy mal parada la imagen nacional.

Al parecer, ese panorama poco optimista y con proyecciones aún más alarmantes, fue considerado por la Comisión parlamentaria que aceleró la preparación del Proyecto de Ley con algunas novedades que provocaron nuevas susceptibilidades, en particular el punto referido a las “nacionalizaciones”, alrededor del cual el Proyecto tampoco muestra claridad y, más bien, causa mayor embrollo, por lo que su resultado en la práctica correrá la misma suerte de otras leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, que no tienen aplicación práctica.

Entre otros aspectos, el Proyecto de Ley al hacer referencia al concepto “nacionalización” no hace alguna definición del mismo y lo convierte en una abstracción nebulosa que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, creando así una confusión monumental. Es más, confunde la palabra nacionalización con otra menos corriente que es la “estatización”, lo cual determinará que de aplicarse aquélla, en el futuro determinará no sólo conflictos ¡por nacionalizar lo que es nacional! Considerar como nacionalización a lo que es estatización, definir como socialismo al actual capitalismo salvaje de Estado, desalentará al desarrollo democrático del país y, como resultado final, creará una situación catastrófica, como ocurre en otros países, y sin ir más lejos, es el caso de Venezuela.

Así, tanta desorientación ha hecho que inclusive partes del partido oficial se opongan al Artículo 27 del Proyecto.