Economía de palabras
Un preocupante silencio reina en los más íntimos círculos de colaboradores del presidente Evo Morales después de las graves acusaciones que hicieron Marcelo Soza y Fabricio Ormachea en Brasilia y Miami, respectivamente.
De todos los aludidos por esas denuncias sólo el vicepresidente Álvaro García Linera mostró que no ha perdido el habla, cuando dijo que él no es dueño del matutino La Razón.
Abundó sobre el tema la directora del mencionado matutino, cuyo esposo goza de un cargo diplomático en el exterior, y dijo que, en efecto, el dueño del medio es el venezolano Carlos Gil, no el vicepresidente.
Pero los demás aludidos por las denuncias han callado, comenzando por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, el de defensa Rubén Saavedra y el locuaz viceministro de gobierno Jorge Pérez.
Tampoco ha habido reacción alguna a la denuncia hecha por Humberto Roca, también en Miami, sobre la manera “escabrosa” en que se habría producido la compra de la red PAT de Tv por parte de un allegado al gobierno.
Los medios de comunicación del país han dicho, los dignos, con toda razón, que el país necesita una explicación del gobierno sobre estas denuncias, pero una explicación seria.
Repetir, como lo hacen los otros medios, que los denunciantes son “corruptos confesos”, haciendo eco a las palabras del presidente Morales es, por lo menos, hacer el papel de cómplices.
Algunos columnistas también han dicho que eso de “corruptos confesos” no explica nada. La frase es usada por el presidente con cierta frecuencia, incluso para los que no son prófugos de su gobierno. Al referirse a todos los expresidentes, llegó a decir que se trataba del “sindicato de corruptos confesos”, aunque después hizo las paces, e incluso tratos, con algunos de ellos.
Los aludidos por Soza y Ormachea son piezas claves de la campaña del presidente-candidato. Si admitieran los cargos contenidos en las denuncias se convertirían en “corruptos confesos” y dejarían de ayudar a la campaña.
Aparte de estos detalles electorales, lo preocupante es que se esté haciendo costumbre que los corruptos sean castigados, denostados y señalados, sólo cuando son confesos. ¿Aquellos corruptos que no son confesos, es decir que no admiten sus delitos, pueden seguir en sus cargos?
Ese es el detalle de la lógica del presidente que no se entiende muy bien.
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