¡No se trata de zona de desastre, sólo de emergencia nacional!, manifestó con temeridad un vocero del entorno presidencial frente a la actual condición que vive el oriente del país.
En consecuencia, es forzoso ilustrar al ciudadano común sobre el alcance de la “diferencia” de los conceptos anteriores, conforme el criterio oficial. Así pues, el mandante señala que zona de desastre implica la participación del Gobierno y la cooperación internacional en la tarea de ayuda para la reconstrucción y el consiguiente apoyo económico. Emergencia nacional, en cambio, obliga a las gobernaciones y municipios, en forma interna (sin pedir ayuda), hacer frente al desastre con sus propios recursos y presupuestos de vida con los que cuentan.
Es decir que, en criterio del Gobierno, la magnitud de la actual devastación, con características de catástrofe nacional, repetida después de 50 años, con la pérdida, merma y decrecimiento de estratégicos recursos vitales, por la fehaciente e irresponsable construcción de represas (motivo de imputación internacional), con una probable recuperación de daños hasta el 2017 -según denuncia del presidente de FEGABENI-, con la pérdida aproximada, además, de 60 millones de dólares (hasta el momento), amerita una simple ¡emergencia fortuita! Tal medida se basa en la burocracia presupuestaria y no en la magnitud del desastre, no obstante que el COE regional clama: “realizamos el trabajo con lo que tenemos”.
El Estado olvida maliciosamente que las comunidades viven de las gobernaciones y municipios; el presupuesto de éstas está asignado en forma anterior, conforme a sus programas de operaciones de la gestión. Y hoy se trata no solamente de la provisión de vituallas y alimentos, sino del trabajo reconstructivo, recuperación de áreas de cultivo, reforestación y necesidad de promoción humana para indígenas y originarios, en el marco de programas de supervivencia.
En conclusión, el Gobierno por su negativa a la reputada y anacrónica declaración de desastre rebasa su competencia y oprime a aquellas regiones imposibilitadas, por sus carencias, de defender sus derechos.
Es decir que definitivamente vivimos bajo el trágico signo del subdesarrollo, ya que la situación actual es una verdadera situación de violencia que la aceptamos como algo “normal”.
“Llevamos 500 años aprendiendo a odiarnos”, afirma con sabiduría Eduardo Galeano.
En conclusiones; dirigimos nuestro llamado a quienes tienen mayor participación en el poder, sabemos que hay dirigentes sensibles ante las necesidades de hoy y contrarios a quienes permanecen “pasivos” por temor a la represalia o al riesgo personal. Creemos que estamos en una etapa de cambio que exige claridad para ver y solidaridad para actuar.
El autor es abogado.
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