Actuaciones del Tribunal Supremo Electoral

Este Tribunal ha despertado dudas sobre su imparcialidad mediante una serie de hechos y declaraciones de sus miembros a favor del oficialismo. Denotando esa actitud, el vocal Ramiro Paredes manifestó que no ve impedimento legal alguno en que el partido oficial utilice los consulados en el exterior para el registro de nuevos militantes, ya que las embajadas y consulados son “territorio nacional”. Estas afirmaciones se referían a otras anteriores de la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, cuando dijo “ya se está coordinando con nuestros cónsules” la campaña electoral y la inscripción de militantes en el exterior. Luego de algún tiempo la vicepresidenta se retractó de sus declaraciones. En idéntico plano, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, había ofrecido las instalaciones de la Cámara Alta también para las adhesiones de militantes a su partido.

Sobre la Ley de Régimen Electoral que prohíbe “utilizar bienes, recursos y servicios” del Estado en este tipo de campañas, el mismo vocal Paredes del TSE dijo que las inscripciones de militantes no son un acto de campaña y que procede en consecuencia. Diversas opiniones han reiterado que las embajadas y consulados son parte del Estado y, por consiguiente, les alcanzan las diferentes disposiciones legales de prohibición al respecto.

Podemos añadir que el principio de imparcialidad de los organismos estatales en materia política y más aún electoral resulta violado si las reparticiones diplomáticas fungen de agencias partidistas. Abundan las críticas a que el oficialismo incurre en uso de los medios públicos para sus propios fines políticos, se trate o no de periodos de campaña electoral y que sus funcionarios activan acciones proselitistas en cumplimiento de una pasada instrucción del Primer Mandatario, en sentido de que los mismos deben emplear un 50% de sus horarios de trabajo en la campaña oficialista.

Al mismo tiempo, se vincula que como parte de una supuesta parcialidad del TSE se dilata la fijación de fecha para el acto electoral, en perjuicio de los partidos y agrupaciones opositoras prohibidas de realizar campaña hasta la emisión de la convocatoria respectiva, mientras el oficialismo se encuentra en constante proselitismo mediante la entrega de obras reservadas para las proximidades de la consulta, además de las liberalidades otorgadas a distintos sectores sociales.

Al parecer el TSE se halla entrabado sobre la composición del nuevo mapa electoral o redistribución de circunscripciones sobre la base de los resultados -bastante dudosos y controvertidos- del Censo 2013. A su vez causan extrañeza los desmedidos cálculos de empadronamiento de más de 800.000 nuevos votantes para las elecciones sin fecha. Esta misma cantidad de ciudadanos se afirma que se produjo en los últimos días del empadronamiento de 2011, carga no acorde con la capacidad biométrica instalada, tal como apuntaron expertos desde el exterior del país. El millonario empadronamiento se inflaría aún más con el registro de otros 800.000 electores desde el exterior, cifra igualmente cuestionable, pero factible para los inusitados empeños del TSE, a costa de sacrificios inusuales del Tesoro General.