Sectores sociales rechazan aprobación de Ley Minera

Sectores de la sociedad rechazaron mediante manifiestos la aprobación de la nueva Ley de Minería que se viene desarrollando con celeridad en la Asamblea Legislativa.

Por un lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rechazó esta normativa argumentando que su elaboración sólo se dio con grupos mineros como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - Fstmb, Sindicato Minero de Huanuni, la Asociación Nacional de Mineros Medianos, la Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), así como el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas, cuyos territorios en muchos casos, son afectados por esta actividad extractiva.

Otro de los puntos cuestionados es la excesiva designación de derechos a las empresas mineras sobre toda la cadena productiva, incluyendo el uso de agua o terrenos, que no podrán ser cuestionadas por los pueblos originarios en caso de verse afectados.

“Se criminalizará el derecho a la defensa del territorio así como el derecho a la protesta empleando la fuerza pública y llevando a cabo procesos judiciales ante movilizaciones o bloqueos, de las comunidades indígena originaria, que quieran impedir el inicio de actividades de explotación o soliciten la suspensión de actividades mineras”, cita la nota del Consejo de Gobierno de Conamaq.

Por su parte, el Colectivo Casa de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra abordó la afectación a los territorios “criminalizando la defensa” con los artículos 100 y 103, además de cuestionar el “derecho minero” especificado en el art. 108.

“El ‘derecho minero’ les otorga facultades para atravesar por encima de nuestras propiedades agrarias o de otra naturaleza, que se encuentren en su área de contrato o por las propiedades vecinas o pueden expropiarnos, si lo desean”.

CENTRALISMO

Durante la aprobación en detalle de anoche, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Franz Choque, lamentó que la norma se haya aprobado reforzando el centralismo estatista, pues se excluye a los gobiernos regionales de toda actividad minera.

“El Art. 23 de la Ley de Minería y Metalurgia le despoja a los departamentos y municipios mineros de toda posibilidad de participar en las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición o refinación y comercialización, tampoco podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales”, demandó.

El art. 23 sobre Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales: “I. Por ser los recursos minerales de carácter estratégico y la creación de empresas públicas minera estratégicas competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, no podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales, ni participar en las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición o refinación y comercialización directa”.

En tal sentido, y con el artículo 74, según el diputado, incluso se quita potestad a Santa Cruz sobre la Empresa Siderúrgica Mutún que pasa a control exclusivo del Gobierno central.

El anteproyecto aprobado en la Comisión de Economía Plural con sus 241 artículos pasó a aprobación en plenaria tras la participación del ministro de Minería, Mario Virreira, quien calificó la norma como trascendental y acorde con la Constitución Política del Estado (CPE), cumpliendo con la función económica social.

El boletín oficial agrega: “El anteproyecto establece el cambio de régimen de la exconcesión minera, hoy denominada ATE, a Contrato Administrativo Minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) en representación del Estado, como la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos”.

Finalmente, el dirigente de Fencomin, Alejandro Santos, dijo que su sector estará en estado de emergencia solicitando a la Asamblea Legislativa no modificar ni un artículo de la norma.

“Esta Ley es un esfuerzo de quienes trabajan en la minería y queremos manifestar en esta ocasión es que estamos en una gran vigilia y nos hemos declarado en emergencia para que no se modifique la Ley”, sostuvo.