Población marcha contra avasalladores de terrenos

Oruro, (EL DIARIO).- Miles de vecinos de Oruro efectuaron ayer una marcha de protesta contra el avasallamiento de terrenos y la protección que gozan de parte de algunos fiscales y concejales que, en vez de sancionar a los “ladrones de terrenos”, quieren la anulación de los planos de las juntas vecinales que legalmente lograron su aprobación.

El presidente del Comité de Defensa de las Juntas Vecinales de la zona Este, Carlos Espinar, dijo que los avasalladores “siguen protegidos por fiscales y concejales, apropiándose de terrenos ajenos y ahora quieren la anulación de nuestros planos, como si no hubiésemos pagado los impuestos municipales”.

La declaración fue emitida en contra de una supuesta Federación de Juntas Vecinales Periurbanas, que dirige Procopio Troncoso, que exige la “anulación de los decretos municipales 1, 2 y 3, que dispone la aprobación de veinte urbanizaciones que han sido legalizadas, durante la gestión de la alcaldesa Rossío Pimentel”.

Según Espinar, la abrogación de los decretos “significa también la anulación de los planos de urbanizaciones, que podría afectar a por lo menos veinte mil vecinos que ya han logrado su registro de los terrenos en Derechos Reales y ya tienen sus títulos de propiedad”.

Explicó que las juntas vecinales periurbanas, “lo que quieren es hacer anular los planos, para impedir la recuperación de los terrenos avasallados”.

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Pedro Challapa, señaló que miles de personas “han comprado legalmente su terreno, pero aún hay avasalladores que quieren seguir aprovechando de las circunstancias para enriquecerse a costa de la gente pobre”.

“No se permitirá la anulación de los decretos municipales y que, por el contrario, se está exigiendo la aprobación del perdonazo de impuestos de los inmuebles que han sido construidos y conseguidos legalmente, para terminar con los avasalladores de terrenos”, indicó.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Oruro, Samuel Mendizabal, afirmó que los fiscales “deberían preocuparse de investigar la ilegalidad, los actos de corrupción de dirigentes de los barrios periféricos que ilegalmente han conseguido terrenos, sin planos aprobados y sin pagar impuestos a la Alcaldía Municipal”.

La manifestación se efectuó desde el Parque de la Unión Nacional hasta la Avenida Cívica, pasando por la plaza principal, frente al edificio del Concejo Municipal y, posteriormente, marcharon por la puerta del Ministerio Público exigiendo la renuncia de “algunos fiscales que están apadrinados por los avasalladores”.

“Estamos exigiendo legalidad. Rechazamos la ilegalidad y exigimos una investigación de la compra y venta de terrenos que ilegalmente se ha hecho durante siete años”, afirmó Mendizabal.