Ley Minera abre conflicto entre Gobierno y sectores

La aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia ha generado frentes de conflicto con el Gobierno y el oficialismo en la Asamblea Legislativa. Cooperativistas mineros, la asociación de regantes y el Comité Cívico de Santa Cruz se encuentran en estado de emergencia mientras se realizan modificaciones a la normativa y se prevé una semana de conflictos.

El Comité Cívico de Santa Cruz se declaró en alerta y anunció tomar medidas de presión desde el lunes, tras rechazar la delegación de competencias exclusivas al Gobierno central sobre el Mutún.

El titular cívico Fernando Castedo dijo que el lunes habrá una reunión con los representantes del departamento para analizar los alcances de la norma sobre la autonomía de Santa Cruz y recordó que existen temas pendientes de parte del Gobierno de Evo Morales.

“El Gobierno quiere centralizar y quieren quitar la autonomía sobre el Mutún. Además hay tres compromisos incumplidos por el presidente Evo Morales como el proyecto del Mutún, la habilitación de puerto Busch y el proyecto hidroeléctrico Rositas”, sostuvo Castedo.

Desde la Brigada Parlamentaria Cruceña también se manifestó la molestia por haber dejado sin efecto las atribuciones del departamento sobre el cerro Mutún y el hierro que se extiende en todo el territorio.

El presidente de esa instancia legislativa descentralizada, diputado Juan Carlos Becerra, expuso la negativa del oficialismo para modificar los artículos sobre competencias departamentales, advirtiendo intereses políticos de fondo.

“Pese que el presidente Evo Morales halagó a Santa Cruz señalando que se impulsaría el desarrollo de Santa Cruz siendo que tenía todo el derecho autonómico a administrar y beneficiarse de la Siderúrgica del Mutún, los hechos desmienten al Primer Mandatario y muestran los verdaderos intereses del oficialismo”, declaró.

MEDIOAMBIENTE

A su turno, la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable iniciaron un bloqueo de caminos en Challapata, demandando que la Ley Minera vele por la defensa del medioambiente, sobre todo el agua, que se vería afectado por las concesiones y derechos otorgados a la exploración minera.

“No vamos a permitir que se apruebe esta la ley maldita, la Ley Minera. Cueste lo que cueste nosotros vamos a defender. Si es que vamos a comenzar la segunda ‘‘guerra del agua’, lo vamos a hacer”, declaró a Erbol el dirigente regante Martín Feliciano.

El rechazo se fundamenta en el art. 111 que cita “Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie”.

INCONSTITUCIONALIDAD

Por su parte, el Gobierno y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) identifican algunos artículos del anteproyecto como inconstitucionales, descartando mantener la redacción inicial del documento que fue consensuado por el gabinete de ministros y dirigentes de los sectores mineros, tanto cooperativista como asalariado.

El artículo 151 es identificado como contrario a la Carta Magna, según el presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío. “De qué serviría aprobar un artículo inconstitucional que en cualquier momento será demando por el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que no se pueden realizar sociedades entre cooperativistas y empresarios privados, porque se entraría en contradicción con la CPE. La misma figura de propiedad estatal se verificaría en los gobiernos departamentales.

“Así como no se ha permitido que exista disposición de los recursos naturales a una entidad autonómica, mucho menos se podría aceptar que sean la cooperativas mineras que dispongan de los recursos naturales”, dijo la autoridad.