Es muy largo el tiempo de espera para la aprobación y promulgación de la Ley de Inversiones, un instrumento jurídico que implica garantía para capitales nacionales y extranjeros con objeto de que sean invertidos en nuestro país tan necesitado de capitales financieros, tecnológicos y humanos; factores que son determinantes para el desarrollo nacional, para mejorar sustancialmente la economía mediante la creación de riqueza y, especialmente, con miras a concretar empleos.
Creer que el país puede estar a la deriva por falta de garantías jurídicas para las inversiones o, tenerlas solamente de palabra, no es serio; por el contrario, denota falta de seguridad y gestión en el régimen para un asunto de tanta importancia. Es preciso tener en cuenta que por efecto de las nacionalizaciones de empresas privadas, efectuadas en los últimos ocho años, Bolivia ha perdido credibilidad y hay desconfianza en quienes estarían dispuestos a invertir su dinero y tecnología en el país, y movilizar todo ello, especialmente en los aspectos técnicos, contratar personal especializado; pero están frenados por la demora en poner en vigencia plena un instrumento legal que es importante.
Muchas veces se ha sostenido, en diversos niveles del Gobierno, que la “aprobación es inminente”; sin embargo, pasaron años con esos anuncios y, lógicamente, creció la desconfianza. Inclusive se había hablado en los últimos meses de que la Ley de Inversiones estaría postergada en su aprobación hasta después de las elecciones. La verdad es que nadie se explicaba las razones para esperar resultados electorales o, hilando muy fino, se preguntaba: ¿Es que se cree que aprobada esa ley en lo inmediato implicaría pérdida de votos? ¿Tal vez hay el criterio de que la Ley de Inversiones tiene que ser instrumento de inicio de gestión en caso de la re-reelección presidencial? O, ¿un instrumento para quien resulte ganador del proceso electoral? La verdad es que no hay explicación cabal al respecto.
Es importante partir del principio de que aprobada esa ley, tardará mucho su puesta en práctica y quienes creen que “atraería inversiones al día siguiente de su aprobación”, están equivocados, porque quien posea capital, nacional o extranjero, querrá saber cuál es el comportamiento en la aplicación de esa disposición, cómo será una reglamentación que, muchas veces, complementa al decreto o ley o, en casos, difiere con el contenido original.
Es, pues, urgente que la aprobación y promulgación de dicha ley no demore, tanto más si conviene al Gobierno, puesto que sería una señal de seguridad sobre lo que hace y pretende para el futuro; de otro modo, esperar hasta las “calendas griegas” será contraproducente.
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