Durante un encuentro de la Sociedad Civil frente al cambio climático se advirtió acerca de los impactos ambientales de políticas extractivistas en el rubro de la minería de Bolivia.
Dentro de sus conclusiones en este evento se recomendó “la prohibición de uso de técnicas altamente contaminantes por sus severos impactos en relación a la gestión sostenible y responsable del agua”.
En octubre de 2013, en la Pastoral Social Cáritas se emitió un pronunciamiento y ratificó “el compromiso de la sociedad civil para oponerse al modelo económico extractivista vigente en Bolivia, reivindicando el principio del Vivir Bien”, según menciona el documento.
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrónomos, Víctor Ralde, cuestionó el contenido del proyecto de la Ley Minera señalando que implica “un duro impacto en el medioambiente, cuyas consecuencias se podrán apreciar recién a mediano plazo”.