¿Una ley tal como fue proyectada?

La realidad del tema minero nacional se asienta en que el Gobierno protege y privilegia a las cooperativas mineras del país, prácticamente eximiéndolas de impuestos y concediéndoles preferentemente áreas ricas, las que con el empleo de alta tecnología rendirían mucho más. El origen de esta preferencia es la alianza política que el Gobierno tiene con dichas cooperativas. La ley de Minería y Metalurgia en discusión en la Asamblea Legislativa las declara “sin fines de lucro”, aunque se trata de empresas capitalistas que tampoco aplican la Ley General del Trabajo.

El proyecto de ley data de 3 años atrás, en los que la voz cantante fue el sector cooperativista y el resto de operadores apenas informado por el Órgano Ejecutivo, incluida la Comibol, que aparece borrada por la Autoridad Administrativa Minera dependiente del Ministerio de Minería, es decir mayor centralismo en detrimento de los Gobiernos Departamentales. En principio el nuevo texto establecía el impuesto del 1% de la producción neta para las cooperativas. Este artículo se eliminó y se trasladará a la Ley Financial 2015, seguramente a fin de eliminar justas objeciones al respecto.

En el acto de remisión del proyecto al Legislativo, el presidente Morales en son de orden dispuso que el Legislativo lo sancione sin reformas ni modificaciones. Ahora cuando surgen algunas enmiendas la Fencomin recuerda: “Nuestro presidente bien claro ha indicado que no se debe modificar ningún artículo”. No es la primera vez que el Órgano Ejecutivo dicta al Legislativo lo que debe hacer. Las distintas comisiones de la Cámara Baja por las que pasó le ley en ciernes acataron al pie de la letra la instrucción presidencial.

El hecho contestatario en Diputados se limitó a dos aspectos importantes. Por una parte, los contratos de concesión y otros que debían firmarse entre las cooperativas o los privados y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, en adelante deben pasar por el tamiz legislativo para su autorización. La modificación molesta a las cooperativas.

Por otra parte, según las disposiciones vigentes hasta ahora, los concesionarios podían asociarse entre sí o con terceros sin requerir la venia de la autoridad, incluidas las cooperativas. La reforma señala que por cualquier acto de asociación, éstas (las cooperativas) cambian su status impositivo ingresando automáticamente el régimen tributario minero común. La Fencomin y sus asociados amenazan con presiones como el cerco al Palacio Legislativo, lo que recuerda otro asedio parecido para la aprobación de la nueva Constitución.

Otro tema es que alrededor de 7.000 Autorizaciones Transitorias Especiales deberán convertirse en contratos de licitación. Ese número abarca todo tipo de concesionarios, sean o no privados, estatales, etc. Se objeta que por ser derechos preestablecidos adquieren estado y que no pueden cambiar, de modo que la medida debería aplicarse sólo a los nuevos contratos.

Sectores campesinos y del agro reclaman que el proyecto no contempla la “consulta previa”, pudiendo afectar la producción y al medio ambiente, así como el uso del agua y la superficie en perjuicio de las comunidades campesinas. Las presiones han comenzado con bloqueos de caminos, la ley puede volver al proyecto original cooperativista.