Denuncian asesinatos y torturas durante protestas en Venezuela

La ONG Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el que recoge diversas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ocurridas entre el 4 de febrero y el 27 de marzo, un periodo marcado por las protestas civiles en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El informe, titulado “Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas” reseña las 37 muertes que han ocurrido durante dicho lapso y los más de 550 heridos que han dejado las manifestaciones, entre quienes se encuentran 180 funcionarios policiales y militares. El informe “hace públicas algunas denuncias de violaciones al derecho a la vida y la integridad física, y al debido proceso que ha recibido en el contexto de las manifestaciones”.

La organización indica con preocupación el creciente clima de polarización política del país e identifica como principales causantes de las denuncias derivadas de las manifestaciones a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a “grupos armados pro gobierno”, publicó ABC.es

Las denuncias recogidas por AI incluyen casos de uso de armas de fuego contra los manifestantes y contra viviendas en zonas residenciales. Entre otros casos se documenta el de Bassil Dacosta Frías, un joven de 23 años que murió en Caracas durante una manifestación el 12 de febrero tras recibir un disparo en la cabeza. Además, “con el objetivo de dispersar a los manifestantes y evitar que levanten barricadas, o como castigo a estas acciones, las fuerzas del orden habían hecho uso de gases lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en ocasiones dirigiéndolos directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como en espacios cerrados y zonas residenciales”.

Geraldín Moreno, de 23 años, fue otra de las víctimas: el 22 de febrero murió en Valencia mientras participaba de una protesta. Un bala de goma, disparada por la GNB entró por uno de sus ojos y le causó la muerte.

Los casos de tortura y violación del debido proceso también aparecen en el informe, testimonios de personas detenidas sin que se le informara la razón de su detención, sin derecho al contacto con un abogado y tortura en centros de retención: palizas, humillaciones, amenazas de muerte y rociadas de gasolina. De acuerdo con las palabras de Nuria García, investigadora de AI sobre Venezuela, “parecía que los abusos eran castigos por haber participado o, en algunos casos, querer participar en las protestas”.

Los realizadores del documento se entrevistaron con la Fiscal General de Nación y la Defensora del Pueblo de Venezuela, quienes corroboraron que han recibido graves denuncias de violaciones a los derechos humanos “cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden, así como del uso de la violencia de algunos manifestantes”. Actualmente hay 82 investigaciones abiertas por el Ministerio Público.