La Iglesia ante la corrupción y extorsión

Uno de los pronunciamientos más severos sobre la situación política del país fue emitido por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), ante las reiteradas revelaciones que emergen de los propios ex integrantes y ex colaboradores del gobierno de Evo Morales, sobre casos concretos de corrupción y extorsión en que incurrieron, cumpliendo órdenes superiores.

Esta vez será vano el esfuerzo que habitualmente realiza el oficialismo para negar, insultar y distraer la atención pública con banalidades, porque las revelaciones provienen de los propios actores gubernamentales, no de la oposición ni de otras fuentes que pueden carecer de la necesaria credibilidad.

Ha calado hondamente en la consciencia pública la comisión de aquellos delitos, según las afirmaciones del ex fiscal Marcelo Soza, que dirigió la investigación sobre supuestos casos de terrorismo y separatismo, después de asilarse en Brasil; del ex director Nacional de la Lucha contra la Corrupción, ahora ex mayor de Policía Fabricio Ormachea, detenido en Estados Unidos por flagrante extorsión, la justicia de ese país lo condenó por dos delitos; del abogado Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, al presente encarcelado en el penal de Palmasola; de Fernando Rivera y Denis Rodas, también ex altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, igualmente recluidos en la cárcel de Santa Cruz; y de Arturo Murillo, ex diputado de Unidad Nacional, contra el tráfico de influencias del vicepresidente Álvaro García Linera, en la oficialista empresa de aviación BOA, aparte de que Ormachea involucró a uno de sus hermanos en la comisión de delitos.

A ello se agrega el informe del delegado en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, en el que afirma que la crisis judicial se profundizó en Bolivia en 2013. El resultado es que hay retardación de justicia ante casos de corrupción e impunidad. Cita, además, el escaso avance en cinco procesos judiciales relevantes.

Acerca de la retardación de justicia, el informe anota que existen rezagos en el 75% de los juicios penales, a lo que se añade la insuficiente cobertura del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Defensa Pública y del Instituto de Investigaciones Forenses.

Pese a la inoperancia judicial, el Gobierno reaccionó indignado ante la demanda del Parlamento Europeo, formulada en noviembre de 2013, para que Bolivia garantice un juicio “justo e independiente” a Mario Tadic y Elod Tóásó, encarcelados desde que la Policía mató en 2009 a Rósza y dos compañeros suyos, en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, a los que se les endilgó los delitos de terrorismo y separatismo. Al acallárselos, emergen presunciones explicables. Lo legal era detenerlos y aplicarles la ley.

Ante el colapso generalizado de la justicia ordinaria en Bolivia, por haber sido supeditada al Gobierno, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez Sanjinés, planteó que sea una comisión internacional la que investigue los casos de terrorismo, extorsión y corrupción. En declaraciones a EL DIARIO (20/3/14), dijo que tal posibilidad es factible, formulando las solicitudes correspondientes a las Naciones Unidas y a la Comisión Internacional de Derecho Penal. Empero, tal posibilidad fue desestimada por un funcionario local del organismo mundial.

Soza, en declaración escrita suya, sostiene que el Gobierno le pedía a quiénes investigar, a fin de que “se cumplan sus fines políticos”. A causa de ello, más de una decena de dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz permanece encarcelada desde hace cuatro años, sin sentencia judicial. Otros fueron extorsionados.

El ex fiscal confirmó también la existencia de los audios en los que refiere con detalles las presiones y órdenes oficiales que recibía, en conversación con una persona no identificada.

El ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, reiteró, asimismo, que el ex ministro del ramo y ahora embajador de la ONU, Sacha Llorenti, ordenó la represión a los indígenas del TIPNIS, en Chaparina, cuando realizaban una marcha pacífica hacia La Paz. Una ex Ministra de Defensa declaró a la prensa que, cuando fue a la residencia presidencial, observó que Llorenti recibía informes telefónicos de los policías que ejecutaban sus órdenes en Chaparina.