Gobierno reconoce error y anuncia trabajar en nueva propuesta minera

El Gobierno reconoció que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, aprobado en la Cámara de Diputados con modificaciones y que generó la reacción del sector cooperativista, fue un error. Por ello se planteó paralizar su tratamiento en el Senado y convocar a otros actores sociales para su debate, mientras la oposición considera que la reacción del Ejecutivo es tardía tras los dos fallecidos registrados el lunes, además de advertir una estrategia política para no ver afectado el caudal de votos del sector minero en las elecciones generales.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, oficializó ayer que el Gobierno retiró del Órgano Legislativo el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia tras que se desataran una serie de protestas, bloqueos y enfrentamientos de los cooperativistas mineros con la Policía que cobraron la vida de dos mineros con decenas de heridos y el secuestro de uniformados.

“Reconocemos que hemos cometido errores. Reconocemos que no se ha elaborado una parte de esta ley en las mejores condiciones, con fluidez en la información, con interpretaciones apropiadas (...) Pero somos seres humanos inteligentes que no se quedan mirando el problema, reconocemos que hay equívocos y tenemos que involucrarnos en un nuevo proyecto de ley con más fuerzas sociales, más participación y no solamente con sectores de la minería”, afirmó.

Más temprano, y tras suscitados los enfrentamientos violentos, el líder del Movimiento Sin miedo (MSM), Juan del Granado, criticó que la norma se haya negociado entre el Estado y los mineros sin tomar en cuenta a otros sectores.

“Exigimos que este proyecto se someta a un varadero debate, diálogo nacional. Hace tres años que este proyecto sigue tratándose entre mineros y Estado como si el resto del país no existiera”, enfatizó.

Como última solución a este conflicto tanto Del Granado como el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, plantearon la posibilidad de que el proyecto de ley sea enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de controlar sus artículos para que estén en concordancia con la Carta Magna.

“Si el tema es discutir la constitucionalidad o no de un proyecto del ley, que se remita al Tribunal Constitucional, que deje de estar en manos de sectores corporativos o de funcionarios gubernamentales ineficientes”, dijo Del Granado.

Quintana agregó que los minerales que existen en el suelo y subsuelo del territorio nacional pertenecen al Estado y por lo tanto, a los más de 10 millones de bolivianos y bolivianas como un patrimonio colectivo.

Para Convergencia Nacional los dos muertos y las decenas de heridos entre mineros y policías producto de los enfrentamientos pagaron la factura electoral que existe entre el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) con los sectores cooperativistas del país.

El legislador Alex Orozco recordó que en noviembre pasado el presidente Evo Morales confirmó el acuerdo que existe entre el MAS y la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), alianza que es desde el 2005 y que a partir de ese año son “aliados naturales e incondicionales” del proceso de cambio.

“Ahora con dos muertos y para evitar otros, el Gobierno volverá a fojas cero o suspenderá el tratamiento de esta ley hasta después de los comicios generales para no perder los votos cooperativistas”, cuestionó.

El senador oficialista y representante de los cooperativistas, Andrés Villca, dijo que el sector pidió no modificar la Ley responsabilizando de todo el conflicto al minsitro de Minería, Mario Virreira.