Comité Cívico de Santa Cruz mantiene alerta por el Mutún

El Comité Cívico de Santa Cruz llegó ayer a la Sede de Gobierno para entrevistarse con los legisladores de la Brigada Cruceña en procura de analizar el caso de la Empresa Siderúrgica del Mutún que con el proyecto de la Ley Minera, aprobado en la Cámara Baja, pasa a control del Ministerio de Minería restando autonomía a la administración departamental de los recursos de hierro de ese cerro.

El presidente de los cívicos cruceños, Fernando Castedo, manifestó que el encuentro buscó respetar los derechos del departamento sobre el Mutún, además de abordar la necesidad de generar el Pacto Fiscal tras conocerse los resultados finales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.

“Que se respete el Mutún los recursos que corresponden al departamento, y que se respete el Pacto Fiscal que debe ser convocado porque ya pasó el plazo de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, citó.

Por ello pidió al presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS) que la norma sea tratada con todos los sectores involucrados en la cadena productiva de los minerales, pues en el oriente existe la mayor veta de hierro, posiblemente del continente, por lo cual expresó “la ley debe ser tratada con responsabilidad y es lo que vamos a plantear”.

La agenda de los cívicos incluiría la visita al ministro de Minería, Mario Virreira, para plantearle estas observaciones, al menos así lo hicieron notar en la reunión interinstitucional desarollada en Santa Cruz el lunes.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, y diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Gallardo, dijo que se logró algún avance generando cambios en la norma que había sido pactada entre el sector minero con el Ejecutivo, pero aún deben incluirse las observaciones de Santa Cruz.

“Se debe respetar el carácter autárquico de la Empresa Siderúrgica Mutún, tal como se estableció en la Ley 3790. No puede ser que en una norma digan una cosa y después lo cambien completamente mediante otra ley”, declaró.

El otro frente de conflicto por la ley terminó con enfrentamientos y dos mineros muertos, situación que obligó al Gobierno a retroceder y paralizar el tratamiento de la norma que ingresó al Senado el lunes.