Proyecto podría ir a control constitucional

Se abre la posibilidad y sugerencia de que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, que fue retirado ayer del Senado, pase a instancias del Tribunal Constitucional Plurinacional para que sea sometido a un análisis y control y tras ello determine si los artículos 62 y 151 de la propuesta normativa está en concordancia o no con la Constitución Política del Estado (CPE).

La proposición vino de dos partes opuestas políticamente, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, y del presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Eugenio Rojas.

“Si el tema es discutir la constitucionalidad o no de un proyecto del ley, que se remita al Tribunal Constitucional, que deje de estar en manos de sectores corporativos o de funcionarios gubernamentales ineficientes”, afirmó Del Granado.

Por su parte, Rojas afirmó: “Se puede, tenemos que ponernos de acuerdo con los cooperativistas, pero todavía no hemos decidido, veremos qué salidas buscamos”, y agregó que ahora lo más importante es lograr concertar un diálogo con los cooperativistas y por ello se ha suspendido el tratamiento del proyecto de ley en el Senado.

Al respecto, analista Jorge Lazarte opinó que la salida más sensata en este escenario sería acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que el conflicto no se resuelva por el uso de la fuerza. Pero incluso si se llegara a un consenso entre los distintos actores incluyendo el Gobierno nada garantiza que éstos lleguen a un acuerdo violando inclusive la CPE.

“Lo mejor que se podría hacer es que ambas partes abran un paréntesis y recurran al Tribunal Constitucional y en mejor caso sería que el Gobierno lo haga”, afirmó Lazarte.

Sin embargo, Lazarte añade que por su accionar el Tribunal Constitucional está cuestionado por la sociedad boliviana: “Se tienen fuertes dudas respecto a su imparcialidad, pero aun dudando sobre su inclinación el único camino es recurrir al Tribunal para bajar la tensión”.

El artículo 151 del proyecto original sería el principal causal del conflicto entre el sector cooperativista y el Ejecutivo por su carácter inconstitucional.