Cuartel antidroga en Yapacaní

Un nuevo conflicto, causado esta vez por el anuncio oficial de la construcción de un cuartel militar, estalló en la región de Yapacaní. La instalación de ese local militar tendría como objetivo apoyar el combate contra el intenso narcotráfico que apareció en esa región. A ese acto de fuerza se sumó otro no menos intenso, protagonizado por los trabajadores mineros cooperativistas, provocado por la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados relacionado con la cuestión minera.

Los dos conflictos, seguidos de bloqueo de caminos, originaron choques de fuerzas, con saldo de dos muertos, así como considerables problemas económicos y otros.

El conflicto relacionado con narcotráfico, tanto o más candente que el de los mineros cooperativistas, fue protagonizado por los pobladores de Yapacaní que, al oponerse en un cabildo a la construcción de un cuartel militar en esa zona, iniciaron un bloqueo caminero y presentaron al Gobierno un ultimátum para que el terreno donde se pretende construir el cuartel de Umopar se lo transfiera para un campo ferial, condición que el Gobierno no aceptó, afirmando que se mantendría firme en continuar con el proyecto.

La decisión del Gobierno de construir un cuartel en esa zona se basó en la grave situación que se presenta en Yapacaní por la alta producción de coca, pasta de droga y cocaína, hecho que determinó que el lugar fuese calificado como sitio estratégico para la producción del estupefaciente.

Sin embargo, lo alarmante del conflicto en Yapacaní no es la oposición a la construcción de un cuartel para Umopar sino la revelación del mismo Ministro de Gobierno en sentido de que esa región se ha convertido en “epicentro” de producción y tráfico de drogas que alcanzó proporciones increíbles.

En efecto, el Ministro de Gobierno ofreció una serie de informaciones poco menos que escalofriantes en relación con la actividad de los productores de derivados de la hoja de coca. Reveló, en ese sentido, que sólo el año pasado se confiscó casi mil kilogramos de clorhidrato de cocaína y se secuestró 3.912 toneladas de pasta base, en cantidad casi el doble que el año anterior.

Además el Ministro manifestó que fueron destruidas dos narcopistas y secuestrado 14 vehículos. Asimismo, dijo que en el año 2013 fueron aprehendidas 2.013 personas e incautados 65 vehículos, por casos de narcotráfico. Es más, la autoridad dijo que, en vista de la gravedad de la situación, se realizó 3.912 operativos, lo que significó la destrucción de nada menos que 3.899 fábricas de producción de pasta y clorhidrato.

El conflicto social que se presentó en Yapacaní adquiere gravedad extraordinaria, no por el asunto del cuartel, sino por las informaciones del Ministerio de Gobierno y Umopar en cuanto a la producción de clorhidrato de cocaína, al revelar, en particular, que mientras durante todo el año pasado se confiscó 240 kilos de clorhidrato de cocaína, en los tres meses del presente año la confiscación de ese producto subió a 919 kilogramos. Esto significaría que esa región oriental se convirtió en el paraíso del narcotráfico, problema al cual, sin embargo, se le estaría dando atención cuando ya es tarde o, por lo menos, cuando los narcotraficantes habían impuesto sus designios y estaban actuando al margen de principios éticos y legales.

Por la gravedad de los informes oficiales, la construcción de dicho recinto militar para enfrentar la situación denunciada no debería hacer vacilar a las autoridades, aunque los pobladores de la zona afirmen que “No están de acuerdo con que de manera inconsulta se quiera construir un cuartel de Umopar en plena zona urbana”.