¿Quién le puso el cascabel…?

De aliados políticos incondicionales del presidente Evo Morales, los poderosos cooperativistas mineros pasaron a la vereda de enfrente en menos de un mes y amenazan ahora con derrocar a su gobierno, como derrocaron al de Gonzalo Sánchez de Lozada, según dijeron. De impulsar un proyecto de ley de minería largamente negociado y que debía ser aprobado en el Legislativo sin cambiarle una coma, el gobierno pasó a decirnos ahora que todo vuelve a cero y que no permitirá que “el interés de unos cuantos” vulnere la Constitución. Y estamos hoy con los caminos bloqueados.

Más allá de la anécdota y de los súbitos cambios y las inútiles explicaciones de lo inexplicable, lo que ocurre en torno al proyecto de la ley minera que genera tan insólito embrollo prueba las deleznables bases ideológicas del tan cacareado proceso de cambio que vive el país.

Más que un esfuerzo “en aras del restablecimiento de la normalidad” y para “evitar que se produzcan acciones violentas innecesarias”, la decisión de volver a fojas cero en la aprobación de una ley tantos años demorada es, en realidad, el aborto de un engendro de capitalismo salvaje y colonial gestado en el seno de un gobierno que se dice revolucionario. En rigor de verdad, el proyecto de ley negociado por más de tres años pretendía consolidar, a cambio del favor político electoral, un modelo económico totalmente ajeno a los postulados que dice defender el mismo gobierno cuyo presidente lo envió al Legislativo con la encomienda de aprobarlo sin cambiarle ni una coma.

Formalmente, se objetaron en la primera etapa de aprobación sólo siete de los 241 artículos del proyecto de ley. Los más evidentes, cuya reposición exigen ahora los cooperativistas para volver a cambiar de vereda, los facultaban a firmar con empresas privadas, de manera directa, contratos de exploración y explotación de los yacimientos que les fueron adjudicados en mérito a su condición cooperativa. La medida abriría las puertas, dicen quienes objetan ese proyecto, a las transnacionales. De hecho, sería algo así como desnacionalizar la minería nacionalizada tras la revolución de 1952. Un largo salto al pasado. Pues las cooperativas ejercerían una suerte de derecho de propiedad sobre yacimientos del Estado que recibieron sólo en mérito a su condición societaria.

Pero el problema de fondo no se reduce sólo a la inclusión de esos dos artículos (132 y 151) en el proyecto de marras. Es mucho más amplio. Con la norma o sin ella, la realidad es que las cooperativas mineras gozan de un trato extraordinariamente preferencial gracias a su función de carácter social, aunque no todas operan de acuerdo con esa condición. La mayoría opera en forma totalmente discrecional y ajena a las normas del sistema cooperativo. Todas tienen, qué duda cabe, fines de lucro. Y como tales, explotan a sus trabajadores con la misma voracidad que explotan los yacimientos mineros.

En la mayoría de las cooperativas hay gente que funge de patrones y gente asalariada, como en cualquier otra empresa. Pero a diferencia de las otras empresas, la mayoría incumple obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial elementales con sus asalariados. Por tratarse de cooperativas, gozan de un régimen de preferencias arancelarias especiales para importar equipos y maquinaria. Y aunque sus dirigentes argumentan que pagan regalías a las regiones y los municipios, es mínimo su aporte al tesoro general, comparado con el del resto de la minería, incluida la estatal. Incumplen también normas de preservación del medio ambiente y de los recursos naturales en las regiones en que operan y su deuda con el daño al medio ambiente es la misma o mayor que la que se arrastra desde tiempos coloniales.

Con ese marco de referencia, cuesta entender cómo es que se llegó al punto de enviar un proyecto oficial y terminado, con la recomendación expresa de aprobarlo sin cambios, al órgano legislativo. Con las fallas que se le detectaron en la primera instancia de revisión, es evidente que pese a los tres años que se dice que demoró consensuarlo no se tomó en consideración lo que opinan las regiones productoras ni los otros sectores involucrados en el tema minero. Por eso se reconoce hoy que el proyecto vulnera el derecho propietario de todos los bolivianos sobre los recursos naturales del país. Y al mandarlo al basurero -pues eso significa decir que todo vuelve a fojas cero- se dice recién que en su redacción futura participarán todos los sectores sociales y se afirma que no se permitirá “que el interés de unos cuantos” se anteponga a los principios constitucionales.

Y cuesta también creer, aunque la medida es sin duda motivo de elogio, que ese importante paso atrás se haya originado en una cámara en la que el oficialismo tiene absoluta mayoría. Sobre todo si se toma en cuenta que en ese ámbito la consigna se impone al razonamiento y al análisis, como lo demuestra el ostracismo al que son sometidos los librepensantes. ¿Cómo fue que ocurrió eso, quién, cómo y por qué le puso el cascabel...?