(ANF).- La senadora opositora Carmen Eva Gonzales presentó un audio de una reunión entre el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y los fiscales del caso Terrorismo, donde se debate una supuesta estrategia de defensa a los jueces del Tribunal de Sentencia enjuiciados y un plan de negociar penas con los procesados para evitar que el juicio por terrorismo-separatista “se caiga”.
En conferencia de prensa, donde exhibió el audio y la transcripción en diapositivas, la legisladora expresó su asombro porque esta reunión – según ella – demostraría las razones por las que este proceso se ha paralizado y habría permitido la fuga del principal involucrado, como es el exfiscal asignado al caso Terrorismo, Marcelo Soza.
“Esta es probablemente, la prueba más directa que demuestra el total sometimiento del fiscal General del Estado, los fiscales Céspedes, Rodríguez, Ortiz y Soza a los dictados del Gobierno. Es la demostración más evidente de la manipulación de pruebas y del manejo doloso de instituciones, como la justicia, porque hablan de manipular juicios a favor de los jueces en diferentes distritos del país”, dijo Gonzáles.
El caso Terrorismo se remonta al 16 de abril de 2009, cuando mediante un violento operativo ejecutado por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía (Utarc) en el hotel Las Américas de Santa Cruz, se desarticuló al supuesto grupo terrorista encabezado por el húngaro-boliviano-croata, Eduardo Rózsa Flores, quien fue abatido en esta acción directa, al igual que húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
La legisladora sostuvo que en esa reunión, los fiscales asistentes plantean ilegalmente negociar con otros procesados con el objeto de buscar acuerdos para someterse a una condena menor y que estos se declaren culpables, destruyendo toda forma de defensa para los demás.
La senadora opositora calificó no sólo de ilegal, sino de inmoral la subordinación de los fiscales al poder político: “Porque incluso anticipan sentencias para los procesados, como una clara muestra de un absoluto control y sometimiento que tiene el Ministerio de Gobierno sobre fiscales asignados a este caso y jueces que integran el tribunal de sentencia del caso Terrorismo.
Por ese motivo, Gonzales exigió la renuncia del fiscal general del Estado y los fiscales del caso Terrorismo y los emplazó a que no nieguen que las voces que se escuchan no son de ellos. También demandó la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por haber supuestamente manipulado directamente las funciones de la justicia y el Ministerio Publico, violando la independencia de poderes.
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