La Iglesia católica y la corrupción

La reciente reunión de los obispos de las diócesis católicas de nuestro país y su mensaje a la feligresía -mayoritaria en el país-, en el que se hace mención al grave cuadro de corrupción en este tiempo, en especial en esferas cercanas al poder político gobernante, ha provocado que algunos portavoces del partido de gobierno salgan por los medios con declaraciones poco afortunadas, pretendiendo descalificar a la Iglesia representada por sus autoridades. Pero lo inteligente hubiera sido recoger la preocupación manifestada por los obispos, sobre el deterioro moral de las estructuras del poder político, que ha salido a la opinión pública y que por su gravedad ha causado reprobación y condena de las autoridades eclesiales.

El primer escándalo se produjo con el descubrimiento de una red de abogados y autoridades judiciales y del Ministerio Público, todos vinculados al Gobierno, dedicados a perseguir judicialmente a opositores y ciudadanos que por algún motivo aparecían relacionados con los primeros, y que habrían sido extorsionados por esa red delictiva, a quienes se les pedía elevadas sumas de dinero para no ser procesados judicialmente, en varios procesos levantados por el Ministerio de Gobierno, por supuestos delitos de sedición, levantamiento armado, magnicidio y otros tipos delictivos que se ventilan hace casi cinco años, sin que las pruebas sean contundentes y un grupo de procesados guarde detención hace varios años.

La toma militar de Pando, con la finalidad de deshacerse políticamente del gobierno departamental elegido por el voto popular, pero de posiciones opositoras al Gobierno nacional, determinó la muerte de cerca de una decena de individuos. Hubo muertos en la Calancha en el año 2009 y antes se produjo la ocupación por los cocaleros de la ciudad de Cochabamba, también con muertos. La brutalidad represiva contra los indígenas del TIPNIS y tierras bajas en Chaparina y otros casos de ejercicio de violencia desde el poder dieron como resultado la pérdida de vidas, por lo que el dedo acusador de la opinión pública señala la responsabilidad del Gobierno.

Las denuncias de un partido de oposición, sobre la administración de cerca de 600 millones de dólares en el programa electoralista “Evo Cumple”, con millonarios sobreprecios en la contratación de obras u otras que fueron pagadas sin que fueran ejecutadas, se refieren a otro campo de la corrupción.

No se olvida la detención de importantes funcionarios policiales en el exterior, por la comisión de hechos delictivos, así como la huida del país y solicitud de asilo del fiscal que dirigió las investigaciones en los casos conocidos como separatismo, agravados por las declaraciones de éstos, en las que acusan a autoridades del gobierno de estar vinculadas a hechos ilegales y orquestar casos de persecución judicial y extorsión, además de la participación de un pariente de la segunda autoridad de Estado.

Todo los casos que resumidamente hemos anotado, importan, por supuesto, que los obispos hubieran hecho conocer su preocupación, la misma que comparte seguramente la mayoría de la ciudadanía interesada en el esclarecimiento de todos estos hechos, pero que tropieza con una justicia que carece de independencia y que actúa al ritmo de los intereses de otro órgano del Estado.

Con los argumentos de la revolución (?), del cambio, etc., se ha estado cometiendo excesos desde el poder político, y en consecuencia es obligación no sólo de las autoridades de la Iglesia católica, sino de toda institución y ciudadano que ama a su patria, elevar su voz de protesta ante la corrupción del poder, que cual Saturno devora a sus propios hijos.

Se ha producido un derrumbe de los valores éticos en buena parte de las instituciones, en especial las políticas que tienen que ver con el poder y su administración, y pareciera que el único antivalor que sirve es el del poder en sí mismo para endiosar y encumbrar a un grupo de individuos cada vez más reducido, pero efectivo en cuanto a esa finalidad, conservar el poder.

La Iglesia católica es fundamentalmente una institución de autoridad moral, porque nos fue legada por Cristo, por sus principios de amor y paz fraternal entre los seres humanos y porque nos enseña a vivir para los demás.