La corrupción es un mal que corroe lentamente a la sociedad y las instituciones, dando una pésima impresión del país en el concierto internacional. Llama la atención cómo son efectuadas las convocatorias y licitaciones por parte del Estado, ya que de antemano se tiene adjudicaciones y resultados a favor de algunos, siendo su realización una pantalla, ya que así se encubre una forma de adjudicación incorrecta. El aumento del narcotráfico está originando grande circulación de dinero, dando una falsa impresión de bonanza económica. Sorprende a la ciudadanía la circulación de fabulosos autos de costo millonario, lo que no corresponde a la situación económica de quienes ahora los manejan.
Por otra parte, para el ingreso a las academias militares o policiales se denunció irregularidades, porque hubo coimas que escandalizaron a la opinión pública. Las pruebas de ingreso a las universidades estatales son motivo de comentarios, porque existe la presunción de que se vende exámenes, lo que significa corrupción. Sobre el ingreso de postulantes a las Normales hubo denuncias de irregularidades en el proceso de admisión. La policía boliviana tiene denuncias constantes de corrupción que afectan a algunos malos miembros, provocando desprestigio a la “verde olivo”, por ello existe en los mandos de la institución la necesidad de dar responsabilidad a miembros del sexo femenino, considerando que es difícil que incurran ellas en corrupción y coimas. A tal punto ha llegado el avance de este mal, que la población conoce denuncias de que algunos policías entran en combinación con los delincuentes, quedando sin sanción el delito cometido. El organismo operativo de Tránsito para acabar con la corrupción ahora está en manos de una dama con grado de coronel, que tiene la misión de controlar las irregularidades y evitar los cobros irregulares de dinero en inspecciones de vehículos, donde al que paga no se le exige pasar la revisión.
Las diferentes reparticiones públicas no se salvan de la vindicta pública, ya que en sus interiores todo se realiza con la coima de rigor y los trámites son acelerados o postergados, según cuán generosa sea la contribución económica. El escándalo deja boquiabierta a la población, cuando se da a conocer cómo actuó el ex fiscal Soza, en casos de corrupción y extorsión económica, que alcanzó cifras millonarias, desprestigiando a la justicia boliviana, al extremo de que se pide la intervención de organismos internacionales para garantizar una aplicación correcta de las normas.
La consecución de delitos comprobados pone en riesgo la estabilidad de las instituciones y la situación ha llegado a tal extremo que casi en nada ya se confía, pues todo se encuentra politizado. Por ello es hora para una reorganización de los organismos encargados de aplicar y cumplir las leyes, a fin de recobrar credibilidad para dar lugar a un estado de derecho, que hace tiempo se lo ha perdido. En caso contrario, entraremos a un caos jurídico del que nadie nos podrá salvar.
El autor es Profesor Emérito de la UMSA.
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