Nueva Alternativa Popular (NAP) a través de un pronunciamiento planteó que la Ley de Minería y Metalurgia, que quedó paralizada en la Asamblea Legislativa tras los enfrentamientos y muertes registradas en la semana, sea llevada a consulta nacional por la vía del referendo.
Bajo la consigna de “rechazar la privatización de la minería boliviana”, NAP, organización conformada por dirigentes sociales y académicos como Rufo Calle y Julio Alvarado, entre otros, detalló algunos alcances riesgosos del proyecto para la soberanía económica del país.
Según cita la Ley permitirá la privatización de la minería, mantener el trabajo inhumano dentro de los socavones, la discriminación económica con una clase oligarca beneficiada cuyo aporte fiscal es mínimo en relación a sus millonarias ganancias, además de la contaminación del medio ambiente y el riesgo que implican tareas de explotación y extracción sin regulación para el recurso vital del agua.
Luego, el comunicado cita antecedentes históricos como la Nacionalización de las Minas en la Revolución de 1952 en contraste con el vigente Decreto Supremo 21060 que “ha ido desarrollando una nueva oligarquía minera sobre la base de las concesiones a las empresas transnacionales y empresas privadas nacionales que se comenzaron a denominar cooperativas mineras”, identificadas por NAP como aliadas al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“En 2006 la oligarquía minera transnacional se fusiona las a algunas empresas mineras privadas bolivianas mal llamadas ‘cooperativas mineras’, que reciben todo el apoyo del Gobierno del Presidente Evo Morales”, finaliza solicitando el cumplimiento de la Agenda de Octubre incluyendo la industrialización de los recursos nacionales.
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