Auditoría del Padrón Biométrico

Cuando faltan aún varios meses para la realización de las elecciones generales de este año, es pertinente plantear que se proceda a una auditoría del Padrón Electoral Biométrico, puesto que es la base de garantía para su credibilidad.

En tanto no se proceda a cumplir con esta fiscalización de los registros cívicos actuales, la incertidumbre pública estará latente. Consiguientemente, los resultados electorales pueden suscitar también desconfianza, sean cuales fueren los ganadores.

El fraude electoral ronda en todo proceso electoral, aquí y en el resto del mundo. De ahí que es indispensable que el Padrón, en el caso de Bolivia, especialmente, tiene que gozar de la aceptación pública en general, una vez realizada la Auditoría.

Existe, además, el antecedente de que en consultas populares que en años recientes se efectuaron en el país, hubo denuncias sobre irregularidades provenientes de los registros electores, los que se pusieron de manifiesto en los libros de las mesas de votación y en los resultados parciales.

El periodista Carlos Valverde, de Santa Cruz, mostró en la pantalla televisiva presuntas irregularidades en tales opciones. Es posible que por esta causa haya sido virtualmente silenciado su programa “En letra chica”, para que no se difunda en todo el país. Las empresas de televisión de aquella ciudad fueron amedrentadas o indirectamente impedidas, ante el riesgo de que sean excluidas de la torta publicitaria del oficialismo que, al presente, por su abundancia, es el mayor ingreso que pueden percibir los medios de comunicación.

José Antonio Pardo, director nacional del Registro Cívico (Sereci), dependiente del Tribunal Supremo Electoral, declaró a un diario local de que el Padrón Electoral Biométrico será validado bajo una norma de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), creada por la OEA (Organización de los Estados Americanos).

La OEA, cuyo secretario general es el ex político chileno José Miguel Insulza, en algunas ocasiones demostró clara parcialización con el régimen del país. Por tanto, cualquier mecanismo operativo que tenga la OEA, no cuenta con la confianza suficiente entre todos los bolivianos.

Sólo una auditoría del Padrón Electoral Biométrico, que tenga la participación de los representantes de las candidaturas inscritas oficialmente para intervenir en los comicios futuros, puede ser la garantía de que está depurado en los términos de rigor.

En caso de que el TSE no acepte realizar la auditoría, será demostrativo de que el Padrón Electoral Biométrico –dactilar y facial- tiene anomalías. Por lógica derivación, carecerá de la credibilidad ciudadana, que es insoslayable que la posea.

En cuanto a que el Sereci sea la garantía de transparencia del Padrón no tiene asidero, desde el momento en que el TSE fue constituido por el gobierno actual, con personas que seguramente son de su confianza. Por tanto, no es un organismo independiente, imparcial, como corresponde, desde el punto de vista legal.

El Padrón merecería también siquiera una revisión, en cuanto al total de inscritos hasta agosto de 2013. De acuerdo con el TSE, llegaron a 5.134.298, o sea que serían algo más de la mitad de la población nacional registrada por el INE que, según el Censo de 2012, es de 10.027.254.

Con anterioridad, en la llamada época “neoliberal”, las diferencias entre una y otra cifra eran diferentes. El electorado era menor al 50% de la población, lo que era explicable, porque los menores de edad, de ambos géneros, que no votan, constituyen cerca a la mitad de la población. Asimismo, hay que restar a los fallecidos, hospitalizados graves, ciertos impedidos físicos y los ausentes temporales.

En este mismo orden, por lo menos, causa suspicacias el anunció que hizo el TSE de que este año se prevé contar con 800.000 nuevos votantes para las elecciones de octubre.

Por último, informó que en las ciudades se hallaba ya abierto el empadronamiento. Empero, los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, no conocen a dónde ir para registrarse en el Padrón. En el pasado “neoliberal” se abría notarías exclusivamente para el registro de los potenciales nuevos votantes, y sus direcciones eran ampliamente publicitadas en los medios de comunicación. Esto no está sucediendo en la actualidad (¿?).