Cuentas pendientes

Se ha convertido en una costumbre del actual gobierno “descubrir” anomalías toleradas en su gestión durante años, denunciarlas y luego dar la impresión de que cumple con la ley y es muy severo.

Hace una semana, el ministro de Gobierno Carlos Romero, “denunció” que el Ichilo es el “epicentro” del narcotráfico. Y luego el viceministro Felipe Cáceres “denunció” que en esa zona operan narcotraficantes colombianos y brasileños.

La directora de la Aduana “denuncia” que se producen robos dentro de sus dependencias, con lo cual supuestamente está lavándose las manos, y cumpliendo con la ley.

El propio presidente Morales “denunció” que algunos trabajadores de Huanuni ganaban hasta Bs 30.000. Pero no hizo nada al respecto, porque la tarifa salarial la fijó su gobierno.

¿Ante quién se hacen estas denuncias? ¿No están ellos en el gobierno?

Los ejemplos de comportamientos de este tipo son muchos.

José Luis Parada, director de finanzas de la gobernación de Santa Cruz, dice que es muy extraño que el gobierno hubiera permitido que las cooperativas mineras administren una evasión de impuestos tan grande durante ocho años, sin ningún problema.

Desde 2006 hasta ahora, 42 empresas extranjeras y bolivianas estuvieron pagando solamente 1% de impuestos al país, mientras el gobierno anunciaba que estaba avanzando, con toda la parsimonia del mundo, en la elaboración de la Ley de Minería.

Todos los ministros del ramo que pasaron por el cargo desde entonces hicieron anuncios del avance de la ley, pero ninguno de ellos se enteró de que el vacío legal estaba dando lugar a una gigantesca estafa.

La política tributaria minera que manejó el MAS es tan amplia que algunas empresas pagaban 1%, otras 1,5%, algunas 4% y unas pocas 55%.

Lo correcto, dice Pareja, es que alguien responda por esta evasión. Y quien debe responder es el gobierno, que tiene a los cooperativistas como sus aliados políticos.

Fue Gonzalo Sánchez de Lozada quien aplicó el muy conveniente 4% de impuesto a la minería, que se aplicaba también a sus empresas.

El actual gobierno ha permitido que las cooperativas apliquen una tasa de 1%, superando en eso de ser dadivoso con los empresarios mineros al propio Goni.

Los barones del estaño, según dice el ingeniero Jorge Espinoza Morales en su libro sobre la minería boliviana, pagaban 6% de impuestos cuando sus explotaciones fueron nacionalizadas.

Cuando se aclare quiénes fueron los cómplices de este festín hecho con los impuestos a la minería se podrá creer en las “denuncias” de este gobierno.

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