Morales designa a Navarro y este interviene Comibol

El mandatario Evo Morales, a tiempo de designar al potosino César Navarro como el nuevo Ministro de Minería y Metalurgia en sustitución de Mario Virreira, amenazó con procesos contra todos los involucrados en la firma de los contratos entre cooperativas mineras y empresas privadas nacionales o transnacionales.

“Vamos a dejar en manos de la justicia, será la Fiscalía o la Procuraduría (pero) tienen que ser procesados quienes permitieron los contratos entre cooperativas y privados. Algunos dicen que son 10, 20, 40, que se haga una auditoría profunda, es una de las primeras tareas del Ministro de Minería, tienen que ser procesados por traición a la Patria y no se puede permitir que algunos, sea desde Comibol o del Ministerio (de Minería) permitan firmas de carácter legal”, enfatizó Morales en conferencia de prensa visiblemente molesto.

El parágrafo dos del artículo 124 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala: “Comete delito de traición a la patria, la boliviana o el boliviano (II) El que viole el régimen constitucional de recursos naturales. (III) Este delito merecerá la máxima sanción penal”.

“No porque son aliados nos van a imponer violar la Constitución porque un pequeño grupo por ambición nos quiere obligar a violar la Constitución. Eso no va a haber”, resaltó el mandatario en referencia a la presión de los cooperativistas.

COMIBOL

En horas de la tarde, la red Erbol informó que el ministro Navarro llegó hasta las oficinas de la Fiscalía de La Paz para solicitar la investigación de los 42 contratos suscritos entre las cooperativas mineras con empresas privadas. La denuncia se habría tipificado como contratos lesivos al Estado.

Luego, el exdelegado para la Agenda del Bicentenario y exviceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, llegó hasta la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) junto a autoridades del Ministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público para intervenir la entidad, a fin de evitar cualquier posible afectación a la investigación sobre los citados contratos.

“Hemos presentado una denuncia de manera general ante el Ministerio Público porque presumimos que existen contratos lesivos al Estado que atentan a la sociedad boliviana y lo que requerimos nosotros es un inventario y una auditoría de toda la documentación que dispone la Corporación Minera de Bolivia”, dijo el ministro Navarro.

VIRREIRA

Morales anunció también procesos contra los funcionarios que elaboraron el proyecto de Ley de Minería y Metalugia, durante tres años, y que no se percataron de las contradicciones constitucionales.

La “hora negra” para el saliente ministro Mario Virreira comenzó a mediados de marzo cuando el Jefe de Estado en conferencia de prensa junto a Fencomin entregó al Legislativo el proyecto de ley con la estricta instrucción de que la norma se apruebe “cuanto antes y sin cambiar ni una coma”, pues se habría coordinado la norma entre el Ministerio de Minería, Fencomin y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).

Tras la instrucción en la Cámara de Diputados se envió la propuesta a la Comisión de Economía Plural, Industria e Industrialización y posteriormente pasó al pleno de la Cámara de Diputados donde se realizaron por lo menos 15 modificaciones, hecho que molestó a los cooperativistas, especialmente por el artículo 151 que citaba en el original: “Los titulares de licencias de prospección y exploración o contratos administrativos mineros de la industria privada o cooperativa pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”.

Al respecto, la CPE expresa: “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.

El conflicto se tornó social con bloqueos en las carreteras de parte de los mineros, enfrentamientos con la Policía con un saldo de dos mineros muertos y decenas de heridos, además de una persona de nacionalidad argentina que falleció en un bloqueo de la región de Cochabamba. Para entonces se exigía la renuncia de Virreira.

El proyecto fue aprobado en Diputados, pero paralizado en el Senado por instrucción del Ejecutivo.

En ese marco, Virreira afirmó que “reconocía sus errores”, siendo identificado además por el viceministro Alfredo Rada como uno de los directos responsables de la elaboración de la norma con artículos inconstitucionales. La salida del ministro siguió con su asesor jurídico y dos comunicadores de esa cartera de Estado.