El temor y el odio que enceguecen

El gobierno tiene posiblemente un servicio de inteligencia política eficiente. Sus ojos y orejas están por todo lado y, en apariencia, no cae una hoja sin que sus agentes la vean o la escuchen. Es bien sabido que tiene asesoramiento externo. Y que para mejorarlo, está haciendo inversión en equipos altamente sofisticados, según la denuncia de un diputado opositor.

Pero le falta operadores políticos eficientes y capacidad profesional que le garanticen un mínimo de análisis serio y sereno del escenario. Por eso, simplemente, se dispara al pie. Los problemas que enfrenta, a estas alturas muchos y francamente groseros, los crea el mismo. Lo malo es que, cuando se complica en su embrollo, el temor a las consecuencias o el odio generan reacciones viscerales. Pero sobre todo se pretende esconderlos debajo de la alfombra o tender cortinas de humo.

Si a ese estilo o conducta se suma la falta de sentido común, el resultado es preocupante. Sólo en ese contexto es posible entender o buscarle explicación, por ejemplo, al afán de apuntar toda la artillería del poder contra un colega, Raúl Peñaranda, por investigar, como lo haría cualquier periodista en cualquier parte del mundo, cómo y a quién sirven los medios de prensa. Todo lo que pueda decir o descubrir, más allá de que mucho ya se conoce, no significa riesgo político alguno para el gobierno. Para ningún gobierno, en ninguna parte.

¿Y entonces? Hay que concluir en que la reacción oficial no es expresión de temor político. Ni siquiera, quiero creer, de animadversión personal. Parece más bien mensaje para atemorizar, dentro del periodismo, a quienes no militan en las mismas filas ni tienen los mismos intereses. Porque no es cuestión ideológica. Pero el argumento al que se recurre es demasiado burdo, cuando se le atribuye una supuesta militancia opositora al haber nacido en Chile, desconociendo que la Constitución le reconoce de hecho y derecho la ciudadanía boliviana.

Cuando se instala un debate sobre bueyes perdidos, se supone que otros temas pasan desapercibidos. Esos sí, potencialmente más graves. Entre ellos el embrollo ideológico que generó la redacción de la ley de minería, tantos años demorada pese a la importancia económica de los minerales por el repunte de precios en el mercado internacional.

Las idas y venidas terminaron develando, de un brochazo, las extraordinarias contradicciones de estos tiempos de cambio. Tal vez las aguas del conflicto se calmen en los próximos días. Pero es fácil suponer que cualquiera que sea la solución o el acuerdo del presidente con los cooperativistas, será sólo provisional.

El conflicto probó, como si fuera aún necesario, la falta de bases ideológicas sólidas dentro del gobierno. Que todo se maneja según intereses políticos coyunturales y muchas veces ideológicamente enfrentados.

Veamos un poco. Visto así, los intereses societarios y su consecuente forma de operar en el mercado ubican a los cooperativistas mineros de nuestro país en un plano de economía típicamente capitalista. A pesar del principio social que sustenta al movimiento cooperativista en todo el mundo. El sistema que practican muchas de las cooperativas implica explotación casi irracional de recursos mineros y sobre todo humanos.

Eso se sabía desde siempre. Desde hace ocho años, cuando se convirtieron en aliados políticos casi incondicionales del gobierno. Pero recién ahora, tras los bloqueos y la amenaza cooperativista de derrocar a ese gobierno con la misma facilidad con que, dicen, derrocaron al de Sánchez de Lozada, el gobierno los pone en la vereda de enfrente, aunque aclara que “son unos cuantos”. La pregunta es cuántos son esos cuantos y cómo los tamizará.

Los cooperativistas mineros tienen, lo probaron, capacidad de movilización, recursos económicos suficientes e incluso control de territorio. Son, pues, factor de poder político. Y dadas las ventajas económicas que les permite su condición societaria, tienen mucho que defender. O por decirlo de otro modo, mucho que perder. Son, pues, interlocutores políticamente válidos, pese a las diferencias prevalecientes, y lo saben.

Y esa situación no se da sólo con ese sector. Algo similar ocurre con los cocaleros, dueños de territorio y poder económico gracias al mismo sistema, en el que si bien no hay contratos de asociación mixta es evidente que el producto final requiere también de transnacionales.

Pero persisten y conviven bajo la alfombra, los casos de tráfico de influencias al más alto nivel, las denuncias de corrupción y extorsión, el denunciado montaje del caso de supuesto terrorismo, el atropello de Chaparina y hasta denuncias de discriminación militar. Esos sí, son temas que requieren soluciones de fondo a las que no contribuye el irse siempre por las ramas...