Oposición exige informes a ATT para verificar supuestos vínculos de García

Por denuncias recibidas contra el vicepresidente Álvaro García y su familia, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Rafael López, pidió ayer ocho informes escritos y orales a la Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Boliviana de Aviación (BoA), la Alcaldía de Cochabamba y a la empresa Toyosa con el objetivo de comprobar si hubo o no algún tipo de nexos comerciales.

“Son peticiones de informe sobre tráfico de influencias que estaría ejerciendo la familia del señor vicepresidente Álvaro García Linera”, indicó el parlamentario cruceño.

Una de las peticiones va al alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, por la construcción de ocho edificios que supuestamente serían de propiedad de la madre de Silvana Carolina del Castillo Tejada, la esposa de Mauricio García Linera, hermano del Vicepresidente.

“La suegra del hermano del Vicepresidente estaría construyendo ocho edificios fuera de norma”, indicó López y agregó que estas propiedades estarían a nombre de “palos blancos” relacionados con esa familia.

Cuatro son las peticiones de informe a la ATT, entre las cuales solicitan información sobre la compra del periódico La Razón preguntando quiénes son los dueños, cómo los adquirieron y la legalidad de esas operaciones de compra.

Otros tres informes solicitados a la ATT son sobre el proceso de compra de los canales de televisión PAT, ATB y Full Tv bajo las mismas consideraciones.

Por otro lado, el diputado López pidió un informe a BoA solicitando información sobre todo del manejo financiero de la estatal aérea, quiénes son los miembros de su directorio y cómo fueron designados, elegidos o nombrados, además pide los nombres de los accionistas y empresas contratadas que brindan servicios.

Finalmente, otra solicitud va a la empresa privada Toyosa S.A. solicitando los nombres de los dueños y/o accionistas, detallando información sobre la constitución de la empresa, adendas y todos los documentos presentados ante Fundempresa. “En este caso la denuncia es por una supuesta extorsión. Él habría instruido poner palos blancos como accionistas”, indicó.

“Tienen quince días para atender estas peticiones de informes, después veremos si hay o no el supuesto tráfico de influencias de parte de la familia del Vicepresidente”, finalizó.

Desde el oficialismo se niegan todos los cargos y se habla de una campaña de desprestigio política a la segunda autoridad del país que trataría de generar la desconfianza del mandatario Evo Morales.