La cuestión minera del país ha desembocado en una crisis de proporciones, la misma que obliga a las autoridades y empresarios en general a pensar en soluciones de urgencia, so pena de que este sector caiga en una situación catastrófica.
Esa crisis se estuvo gestando desde hace tiempo, en particular a partir de la aplicación de la nueva Carta constitucional, así como numerosas leyes y decretos que fueron dictados desde entonces. En efecto, la minería nacional se fue desarrollando sin legislación adecuada, determinando problemas que se acumularon y que estallaron con motivo de los planteamientos del sector cooperativo minero.
La falta de una política minera determinó que, finalmente, después de tres años el Estado decida poner en aplicación una disposición legal que normalice la actividad minera. El estudio de un proyecto en ese sentido en la Cámara de Diputados originó un movimiento de resistencia de parte de las cooperativas mineras y sirvió para poner en debate disposiciones que no estaban de acuerdo con la Constitución.
Sin embargo, esa situación se agravó con un movimiento huelguístico de los cooperativistas, el mismo que originó la destitución del Ministro de Minas, acusado de haber descuidado el conocimiento y práctica de la Constitución, en particular en lo que se refiere a los artículos 151 y otros del proyecto.
Ese estado de cosas, no obstante las gestiones oficiales, no se resolvió durante casi un mes y finalmente se dio algunos pasos para enfrentar la crítica situación en reuniones entre los trabajadores de las cooperativas y el Gobierno, que culminaron con una reunión presidencial. Empero, según se observa con facilidad, el problema no ha sido resuelto y se le estaría dando largas, manteniendo en esa forma, sin modificación las causas que lo provocaron.
El país encara en la actualidad la crisis minera más grave de toda su historia. Las minas han pasado a propiedad del Estado, lo cual origina la aparición interminable de problemas. Quienes desean incorporarse a la explotación minera encuentran que sólo pueden ser considerados como alquilantes o usufructuarios de las concesiones y, en esa forma, terminan como depredadores del subsuelo o dejan el país.
Por otro lado, los mineros en general únicamente están explotando yacimientos explorados y explotados desde hace alrededor de 80 años, pues desde entonces no se ha hecho alguna nueva exploración. En particular los cooperativistas se limitan a ocupar parajes ya conocidos o bien apoderarse de algunos yacimientos que estaban siendo preparados por empresas privadas, como en el caso Mallku Kota.
Especialistas mineros consideran que una vez termine la explotación de las reservas conocidas (hecho que no tardará en llegar por agotamiento de los recursos naturales), el país enfrentará la crisis minera más grande de su historia, pues nada tendrá para explotar. Ese problema podría presentarse antes de los diez próximos años, poniendo la economía minera del país en peores condiciones que la economía agrícola que ya padece de una crisis ostensible por la caída abrupta de sus índices de producción.
Sería de esperar que al haberse puesto en tapete la crisis minera del país, tanto el Gobierno como los productores busquen soluciones, se aproveche la oportunidad y el asunto sea resuelto a partir de las necesidades históricas del país.
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