Fallo confirma que observaciones a Ley de Seguro eran correctas

Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Seguro para Periodistas, representantes de la prensa aseguran que las observaciones efectuadas en su momento estaban enmarcadas en la verdad, pues los montos establecidos para el fondo común eran exagerados y discriminatorios.

Según la resolución a la Ley 315 se declaró inconstitucionales los artículos 6, 10 y 12 de la Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras causas para los trabajadores de la prensa de Bolivia; los preceptos observados se refieren a los porcentajes establecidos para la confiscación de recursos a empresas informativas privadas, independientes y comunitarias.

Asimismo, se sugirió la participación del Estado con aportes, dado que cuenta con medios de comunicación y participación en la Directiva del Fondo de Financiamiento, conformación que quedó anulada por el fallo del TCP.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales periódicos y revistas de Bolivia, Juan León Cornejo, destacó la determinación del TCP y las calificó como correctas.

“El hecho de que se hubiera producido un fallo que reconoce la inconstitucionalidad de algunos artículos es un avance positivo y una muestra de que las observaciones de los medios de prensa eran correctas. Habrá que hacer la evaluación definitiva del voluminoso legajo de documentos, aunque en principio parecen positivas las observaciones”, declaró León.

Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandra Soriano, reconoció que pudo haber errores por la premura que se tenía al momento de presentar la propuesta legislativa, que se derivó desde el Ministerio de Comunicación. “Puede ser que se nos haya pasado algún aspecto que en la consideración del Tribunal, que sea inconstitucional”, dijo la senadora por lo que se hará un análisis “exhaustivo y de carácter prioritario” a las observaciones que hizo en TCP.

Los aportes exigidos por el Gobierno implicaban una doble tributación sobre el 1 por ciento del ingreso mensual bruto de los medios privados y del 0,25 por ciento de las empresas autodefinidas como independientes y las reconocidas como indígena, originaria, campesinas, pese a que no están registradas bajo esa figura en Fundempresa.