DDHH en Diputados pedirá informe al Ejecutivo y caso va hasta la ONU

A consecuencia de las últimas denuncias de los detenidos en la cárcel de Palmasola por el caso extorsión, de supuestas golpizas por encapuchados dirigidos por el Ministerio de Gobierno, además del impedimento a la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz de ingresar al penal para verificar las denuncias, la Comisión de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados anunció que se convocará a autoridades del Ejecutivo para explicar estas presuntas vulneraciones a los derechos civiles.

El presidente de dicha instancia legislativa, Rodolfo Calle, indicó de la Constitución Política del Estado (CPE) habilita a instancias como la Defensoría del Pueblo o Derechos Humanos a verificar la situación de los detenidos en las cárceles de Bolivia.

“Régimen Penitenciario se está equivocando, porque al Defensor del Pueblo no le pueden impedir, no le pueden coartar la visita en cualquier momento o en cualquier hora. Ellos pueden ingresar y pueden realizar las inspecciones que vean convenientes. Por eso vamos a tener que pedir un informe escrito, en primer lugar, y después un informe oral, porque no se le pueden coartar sus derechos. Son seres humanos y tenemos que respetar sus derechos”, afirmó Calle.

El legislador dijo que de evidenciarse y comprobarse que hubo alguna agresión contra los acusados se debe sancionar a las autoridades responsables de velar por los derechos de cualquier persona recluida en un centro penitenciario, entre ellos el director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo. Asimismo, cuestionó que el gobernador de Palmasola, coronel Freddy Chinchilla, no haya permitido el ingreso de un representante del Defensor del Pueblo a este penal.

De la misma forma, diputados de la autodenominada “Comisión de justicia y verdad” demandaron la renuncia del viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, y del director de Régimen Interior, Samuel Villegas, ante las denuncias de Boris Villegas por las supuestas golpizas recibidas de parte de un grupo de encapuchados armados que ingresaron a sus celdas la madrugada del jueves.

PIDEN GARANTÍAS AL GOBIERNO

Ante los últimos acontecimientos suscitados desde la conformación de la autodenominada “Comisión de justicia y verdad”, la diputada opositora Norma Piérola, quien forma parte de este grupo, reiteró la petición hecha por Yaksic hace unos días, en sentido de que el Gobierno les debe dar las garantías necesarias porque estarían sufriendo amenazas así como los detenidos en Palmasola por los casos extorsión y terrorismo ven vulnerados sus derechos fundamentales.

El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, denunció el jueves haber sido víctima, junto a los acusados de la denominada red de extorsión, Denis Rodas, Fernando Rivera y el exfiscal Edward Mollinedo, de una golpiza propinada por 15 sujetos encapuchados y armados que ingresaron de forma violenta al interior del penal de Palmasola. Acusan también del secuestro de documentos y amenazas de atentar contra su vida.

Las agresiones, según la parlamentaria, sería porque los acusados presentaron una acción de libertad el pasado 24 de febrero donde redactaron un listado de lo que ellos denominaron “casos de corte”, en el que se identifica varias irregularidades en procesos penales, donde el denominado gabinete jurídico del Gobierno influía para tomar acciones en algunos procesos judiciales de su importancia.

Al respecto el procurador General del Estado, Héctor Arce, a través de un boletín de prensa de esta institución dijo: “Es totalmente falso que se pretenda hacer ver que había un gabinete jurídico con la idea de manejar los hilos de la justicia y vinculado además a algunos procesos. Qué tenemos que ver nosotros con los procesos, absolutamente nada”.

Piérola mencionó que este gabinete jurídico, si es que aún existe, estaba conformado por los abogados “Héctor Arce, Walter Chávez, Eusebio Jironada, Mary Carrasco, Lucio Marca, a la cabeza de los ex ministros de Gobierno, el señor (Alfredo) Rada, inclusive Walker San Miguel, el señor (Wilfredo) Chávez, Sacha Llorenti y por su puesto (Carlos) Romero”.