Unidad para combatir y cambiar la injusticia

En diciembre de 2013, el ex dirigente del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Marcial Fabricano, pidió a los pueblos del país unificar fuerzas para luchar contra la injusticia. Él, por haber sido dirigente y sufrido, al igual que sus compañeros, los abusos cometidos el 25 de septiembre de 2011, creía que todo el pueblo puede conseguir que se luche contra injusticias de toda laya.

El pedido, si bien originalmente estuvo dirigido a que se adopte medidas contra los abusos de septiembre de 2011 y se haga justicia a los indígenas del Tipnis, sirve para que en el país se tome conciencia sobre la necesidad urgente de exigir que los poderes del Estado -como son el Legislativo y el Ejecutivo- adopten medidas en pro de cambiar los métodos de los tribunales de justicia, para que el Poder Judicial actúe conforme a los parámetros de la Constitución y las leyes; que se reemplace la retardación de justicia por una que sea dinámica, honesta, equitativa, ecuánime a favor de toda la población.

En el año 1990, al concluir la primera marcha desde el Beni hasta La Paz, se hizo conciencia -empezando por el presidente Jaime Paz Zamora- sobre la urgencia de tomar a la justicia como lo que es, a favor de las personas y los pueblos, que sean reconocidos los derechos de todos y que el respeto y la consideración, por parte de gobernantes y gobernados, sean normas de conducta; que los tribunales actúen con parámetros de equidad y cumplan efectivamente la misión encomendada de administrar honesta y responsablemente la justicia.

Pese a todas las protestas, incluidas las del aparato oficial, el sistema judicial no cambia; jueces y fiscales no cubren las expectativas que hubo cuando se hicieron los cambios -aunque muchos de ellos “a dedo” por conveniencias del oficialismo- de jueces, creyendo que todo tornaría a los cauces constitucionales y morales; pero los equívocos fueron mayúsculos y hoy se sufre las consecuencias, tal vez más que ayer, porque las causas a ser estudiadas, juzgadas y sancionadas por el Poder Judicial, son muchas de ellas de mayor gravedad y nunca encuentran una sana, oportuna y decidida aplicación de justicia.

Unidad para combatir a la injusticia resulta, en las actuales circunstancias, una especie de consigna para todos, porque no sólo tienen que ver los poderes del Estado en ello, sino que es la población la que debe hacer las denuncias pertinentes en los casos de crímenes, asaltos, violaciones, robos y todo tipo de delitos, pero exigiendo que los tribunales actúen conforme a los lineamientos legales; tiene que exigir que la justicia en Bolivia deje de ser “la peor injusticia”, como reza en casi todos los círculos que buscan un comportamiento idóneo, digno, transparente y responsable de fiscales, jueces y personal que trabaja en los tribunales.

No actuar según los parámetros de las leyes es ahondar más los delitos y propiciar que la injusticia no tenga fin.