Investigadora revela pruebas sobre pertenencia de islas en el Pacífico

Las islas del Pacífico que fueron parte del territorio correspondiente a Bolivia y que no están especificadas dentro del Tratado de 1904 deberían incluirse en la demanda marítima, sostiene la investigadora Lizet Cossio, quien aporta una serie de documentos que verifican la pertenencia de territorio marítimo desde el origen del país.

La socióloga e investigadora, que ha realizado diversos estudios sobre la cultura nacional, incluida una obra sobre la Historia de la Coca en los Yungas de Totora, tuvo acceso a documentos que se encuentran archivados en países de Europa y que constatan que Bolivia no sólo tuvo tuición sobre territorio costero sobre Atacama, sino que confirma la pertenencia de las islas Lagartos, Paquisa, Angamos, Santa María y Sorjillo, entre otras menores en el Pacífico.

“La Audiencia de Charcas tuvo jurisdicción real de hecho y de derecho hasta las costas del Pacífico, pero a la creación de la República de Bolivia se consolidó el territorio de acuerdo a la doctrina del Uti Possidetis iure de 1810, sobre la Audiencia de Charcas, consolidando la demarcación definitiva de la Nueva República de Bolivia hasta el Desierto de Atacama y las costas del Pacífico, asimismo tuvo su dominio sobre el archipiélago de islas adyacentes entre el río Loa y el Paposo”.

Un documento de 1840 confirma esta situación, constituyéndose en un aporte al legajo histórico de la reivindicación marítima boliviana que tendrá este martes otro hito histórico con la presentación de la memoria legal ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El documento con sello de la República Boliviana es fechado entre 1839 y 1840, donde una empresa comercial propone al Palacio de Gobierno en Potosí arrendar las islas desiertas.

“Gumucio y Sanzetenea y compañía del comercio de Cochabamba ante los respetos de Vuestra Excelencia, presentándonos decimos que convenido a nuestros intereses tomar en arriendo las islas desiertas de Lagartos y Paquiza que se hallan demarcadas en la Carta de Bolivia entre el Río Loa y el Paposo, se hade servir la bondad de V.E. considerar la propuesta que respetuosamente acompañamos y considerada que sea decretada favorablemente concediéndonos el arriendo que solicitamos”.

La investigadora Cossio afirma que con esta petición no cabe duda que Bolivia tuvo la administración de esas islas a través del Gobierno, aclarando que el Tratado de 1904 no menciona estos territorios marinos, por tanto, no cabe interpretación sólo acudir a la redacción del texto y realizar las acciones oficiales para lograr retomar soberanía en el Pacífico.

El documento prosigue su transcripción textual del original: “Nuestra propuesta proporciona al Gobierno una entrada que aunque pequeña es siempre ventajosa porque antes no se contaba con ellas y hoy muy bien puede aplicarse en beneficio de la población en que residen los proponentes, tiende también el adelantamiento del único puerto de Bolivia, porque desde que las Yslas que solicitamos arrendar estén a nuestro cargo, el establecimiento que pensamos plantear en ellas para facilitar la exportación de los guanos al Perú, atraerá indudablemente a las costas de Bolivia todas las embarcaciones guaneras que hoy se dirigen a diferentes islas del Perú, y estas embarcaciones que siempre necesitan de un punto seguro para refrescar, tendrán por necesidad que arribar a Cobija en cada viaje que hagan en fin, la población de esas mismas Yslas que hasta ahora se hallan desiertas y casi totalmente desconocidas por todos los bolivianos, es una ventaja tan conocida que no dudamos inclinará al Supremo Gobierno a favor de nuestra propuesta. Por todo lo que suplicamos se sirva decretar como llevamos pidiendo es merced que esperamos alcanzar y para ello (LA). Gumucio Sanzetenea y Cia. LA MAR Enero 1º de 1841. Pase al Consejo Municipal de este Puerto para que le de cumplimiento al Supremo Decreto”.

Cossio agrega que otros documentos de esa compañía comprometen colocar dos buques de guerra para la defensa nacional, además de arrendar las islas por 10 años y en calidad de 2 mil pesos anuales.

Un informe hacia el Gobierno de febrero de 1841 mencionaba que era más conveniente pedir una propuesta mejorada que incluya nos sólo a Lagartos y Paquisa sino Sorjillo y Santa María, y se descartaba ciertos derechos pedidos por dos hermanos de apellido Maldonado sobre la guanera de Paquisa.

En marzo desde Palacio de Gobierno de Sucre se determina aceptar la propuesta de Gumucio Sanzetenea y Compañía disponiendo la firma de la escritura y el arrendamiento bajo los cánones comerciales de la época y en base a la tarifa de comercio de guano en Perú. La empresa, empero, no tuvo respuesta para la firma hasta fines de marzo, dentro del seguimiento que aún realiza la investigadora.