Un locuaz parlamentario del oficialismo, que los hay muchos, por figuración en medios de prensa, sin reparo alguno expresó que “hay que meter al Perú en el pleito”. No se debe hacer declaraciones antojadizas cuando se hable de la demanda marítima, si no se tiene conocimiento en materia internacional.
Como se sabe, la agresión de Chile empezó invadiendo Antofagasta, luego pasó a Perú a territorio marítimo, concluyendo con la batalla del Alto de la Alianza, que llevó al invasor araucano a ocupar hasta la virreinal capital de Lima. Las consecuencias son conocidas, Bolivia y Perú pactaron la paz por separado y sufrieron por separado la usurpación de grandes territorios, de riquezas naturales inconmensurables. Resalta aquí la actitud de Perú, que niega toda posibilidad de transacción chileno-boliviano sobre territorio o un reducido corredor en Arica. Aparentemente sería una actitud hostil o por lo menos egoísta de los vecinos, pero en realidad se trata de una previsión.
Los peruanos no han renunciado, ni lo harán, al derecho de recuperar Arica y otros territorios que fueron suyos. Ese pueblo ha sido educado con la convicción de que Arica volverá a ser patrimonio peruano. Por tal razón, no es conveniente para ellos que ese distrito sea cedido a Bolivia, si llegara el caso. La razón es sencilla y justa. No es posible, por tanto, querer llevar adelante negociación alguna que pretenda el traspaso de Arica o parte de ella a la soberanía boliviana.
En tal sentido, no corresponde culpar a Perú de tratar de oponerse ciegamente a la cesión de un territorio a Bolivia, simplemente Arica no es negociable porque Perú hará valer, si llegara el caso, sus derechos sobre ella cuando las posibilidades estén dadas.
El consentimiento de los peruanos para que Chile quisiera negociar sobre la base de ese territorio, nunca será dado; eso lo saben los gobernantes chilenos y por eso esgrimen ese argumento cada vez que Bolivia insinúa la entrega de un puerto al norte de Arica. Por eso también el pedido boliviano resulta ser un círculo vicioso que nunca encontrará solución, porque Arica fue de Perú y volverá a serlo en el futuro, aunque éste se halle lejano todavía.
De todos modos, ni el supuesto corredor en Arica ni un enclave en territorio chileno es algo que podríamos esperar gratuitamente del usurpador. Chile no tiene voluntad para solucionar nuestro enclaustramiento, pues pasaron ocho años de acercamientos, diálogos, suscripción de una agenda con Michelle Bachelet, que fue un acto de ingenuidad distraccionista y embauque. Se ha esgrimido pretextos para no dar solucionar al derecho que tenemos de acceso al Pacífico. Lo único que podría modificar el criterio de los gobernantes de La Moneda es la aceptación de un canje territorial, es decir de un estrecho corredor de 10 kilómetros de ancho que finaliza en costa rocosa e inservible, más el mar territorial, por toda la provincia Sur Lípez de Potosí, que es lo que ambiciona Chile.
Antes del 17 de este mes se presentará la memoria que fundamenta nuestra petición y habrá que esperar cuatro o cinco años para el fallo de la CIJ, que tal vez “obligue” a Santiago a otorgarnos un enclave sin acceso soberano al Pacífico y se negocie en forma tripartita (entre Chile, Perú y Bolivia). Pero desde el Tratado de Paz de Ancón de 20 de octubre de 1883, habrá que decirlo, Santiago tiene el candado y Lima la llave, sin embargo ojalá nuestra demanda prospere, aunque puede no ser atendida de manera positiva, si se considera que Chile para sostener el juicio dispone de 16 millones de dólares y 35 asesores para apoyar a su agente y Bolivia 10 millones de bolivianos y no se conoce aún el número de asesores ni el pronunciamiento de nuestro agente.
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