Tierras y minas siguen avasalladas

Los sectores más afectados por los avasallamientos siguen siendo las tierras productivas del oriente y la minería mediana y pequeña en el occidente del país, pese la reciente Ley 367 contra los avasalladores. Estos grupos delictivos funcionan como mafias y su modus operandi es la ubicación de las haciendas o estancias, la contratación de gente para aparentar asentamientos y la finalidad no es otra que la apropiación de las cosechas y en muchos casos de la maquinaria o el sabotaje de la misma, procediendo luego a la venta ilegal de la tierra, casi siempre a los que se prestaron al despojo, con efectos perjudiciales no sólo al derecho propietario con grave incidencia en la disminución de la producción en diversas provincias de Santa Cruz y de otras regiones.

A mediados de marzo pasado, continuaban ocupadas 67 estancias de tipo ganadero, productoras de oleaginosas, maíz, arroz y otros en Santa Cruz. Se encontraban pendientes de ejecución 5 mandamientos de desocupación, pero muchos avasalladores gozaban de libertad. Anteriormente el Ministro de Gobierno en conferencia de prensa anunció la detención de algunos y el Ministerio Público había hecho a su vez lo propio con dos sindicados del mismo delito. La situación afecta a tantos productores que se han organizado en la Asociación de Propietarios Productores Avasallados, estimándose en 100.000 hectáreas cautivas en manos de “tomatierras”. En apreciación de las víctimas todavía no se percibe satisfactoriamente la cooperación del “sistema judicial y policial”.

La indicada ley sanciona a los responsables con 3 a 8 años de cárcel previo proceso, pero los estancieros observaron durante el debate, que con escasos 3 años y mediante “medidas sustitutivas” los avasalladores podían recuperar su libertad y volver a sus andadas. Esta clemencia fue atribuida a cierto entorno parlamentario del MAS, tildado inclusive de fomentar los avasallamientos, si bien la CAO, por ejemplo, comparte la disposición de desocupación en 72 horas desde la notificación y que los culpables no pueden obtener dotaciones de tierras durante diez años. Parecida susceptibilidad recaía sobre el INRA (Santa Cruz), aunque ahora parece haber mejor coordinación con el sector propietario en la elaboración de un inventario de haciendas avasalladas.

En el occidente no han cesado los avasallamientos y ocupación de minas medianas y pequeñas, aunque existen precedentes contra algunas grandes, con la final venia de la Comibol. Comunarios en complicidad con algunas cooperativas son los autores, por lo general para beneficio de éstas. En pleno conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas debido a encontrados punto de vista sobre la Constitución Política del Estado en la materia, la mina Puerta del Sol, en el cantón Huaripampa, fue asaltada sufriendo a plan de dinamitazos el robo de maquinaria estimada en 1.5 millones de dólares. El propietario pidió al Ministro de Gobierno la aplicación de la Ley 367, quedando librado a su suerte pese a existir autores identificados. La minería privada ha sido convertida en “tierra de nadie”, según innumerables casos que lo comprueban.