Atrocidades de la justicia comunitaria

Desde que en nuestro país el régimen actual institucionalizó hace unos ocho años la llamada “justicia comunitaria”, se han producido decenas de increíbles y horrendos asesinatos de individuos que no fueron sometidos a la justicia ordinaria y enseguida victimados sin que se les reconozca el menor derecho a la defensa, presunción de inocencia, juicio debido y otros procedimientos que utilizan países que han alcanzado algún grado de civilización.

Pero no solamente ha ido subiendo el número de víctimas por esa forma de penalizar a personas presuntamente inocentes, sino también quienes practican ese siniestro procedimiento han ido “perfeccionando” sus métodos de hacer justicia por mano propia, al extremo de recurrir a prácticas de increíble ferocidad que escandalizarían inclusive a tribus primitivas.

En últimas semanas, la prensa ha registrado varios casos de acción de la “justicia comunitaria”, sistema que por su sucesiva aparición, ya no conmueve a las autoridades e inclusive es visto con indiferencia por la población así como por organismos internacionales que en otros tiempos hicieron críticas al respecto.

Lo más notable de esta ola de crímenes es que no sólo están aumentando en cantidad, sino que sus métodos que utiliza son cada vez más espantosos, acudiendo a una palabra que todavía es muy generosa. En efecto, sólo en la semana pasada cuatro hombres se salvaron de ser linchados en Ayopaya y Uyuni, culpados por supuestos delitos nunca comprobados. Los cuatro iban a ser asesinados a palo y piedra y enseguida cocinados, rociados con gasolina., extremos que evitó la policía.

Pero el caso más tenebroso de linchamiento ocurrido en días pasados fue denunciado en el municipio tropical de Puerto Villarroel a 400 kilómetros de Cochabamba. El procedimiento para castigar a dos presuntos delincuentes consistió en atarlos de pies y manos, introducirlos en bolsas cargadas de piedras, conducirlos al medio del caudaloso río y arrojarlos al río, para que perezcan en la forma más espantosa que se pueda imaginar.

Producido el tenebroso sistema de la “justicia comunitaria”, algunas personas denunciaron el hecho criminoso, sin embargo cuando la policía quiso hacer investigaciones, se produjo un nuevo acto agravante que consistió en evitar la presencia de las autoridades para cubrir el crimen con el silencio e impedir las sanciones a los autores de atrocidades de esa magnitud y típicas de regímenes primitivos. Pero en nuestro país éstos fueron restaurados por corrientes politiqueras que han legalizado, de hecho y de derecho, un sistema de sanciones aplicado por sociedades en las que no existía la moral ni la ética, se desconocía la existencia del Estado, no existía el Poder Judicial o éste estaba en manos del cacique todopoderoso que dictaba leyes, impartía justicia y ejecutaba o hacía ejecutar ante su vista los castigos que más le pareciesen.

Finalmente, se sabe que Naciones Unidas atendió en años anteriores la práctica de los linchamientos en nuestro país y en su clasificación confirmó que Bolivia es donde más linchamientos se producen en América Latina. Así mismo, una entidad argentina denominada FUNDAR denunció que sólo entre los años 2002 y 2003 se registraron en el país 64 de esos delitos, cuya presencia obliga a la justa reacción.