Lucha solitaria de senadora

La senadora cruceña Carmen Eva Gonzales está librando una lucha solitaria contra las barreras que le salen al paso, cuando se trata de investigar injusticias y violaciones a los derechos humanos.

En este empeño de servicio público, está dando una lección valerosa sobre la responsabilidad que implica ser parlamentaria.

En efecto, demuestra que no es cuestión de sentarse en un curul a leer diarios, a levantar las manos para aprobar leyes, sin saber por qué y para qué, y cada fin de mes ser muy puntuales en cobrar las dietas o salarios que les correspondería, como si hubieran trabajado para la que fueron elegidos por el voto popular.

El ser adicto/a del partido oficialista, sea cual fuere éste, no debe ignorarse o pasar por alto en cuanto concierne a la fiscalización que debe ejercerse en los distintos niveles de su propio instrumento político. Cumplir tal función no implica ser forzosamente opositor. Más bien, puede aportarse a la mejor gestión de su gobierno.

En el caso de la senadora Gonzales, que pertenece a una formación política opositora, es sorprendente que no reciba la solidaridad y el apoyo de sus propios correligionarios. Con toda la labor que cumplió, hasta ahora, demostró ser una legisladora acuciosa, eficiente y responsable.

Se percibe de su accionar que la mayor preocupación que la expone a muchos riesgos y peligros es proteger y defender los derechos humanos, en la medida sus posibilidades. De igual forma, para desentrañar graves violaciones que son cometidas en las esferas oficiales. Y, la vez, defender a quienes sufren los abusos del poder.

El logro mayor que ha conseguido son las grabaciones magnetofónicas de conversaciones reservadas del ex fiscal Marcelo Soza con una persona no identificada aún. Con ellas, el país pudo conocer las presiones y órdenes que recibía de ciertas autoridades para imputar a líderes cívicos y políticos, así como a empresarios, en el Juicio del Siglo, como plantea que se diga el colega periodista Harold Olmos, en vez de repetir la falacia oficialista de los supuestos planes terroristas y separatistas en Santa Cruz.

A propósito de aquellos actos represivos, encaminados a amedrentar y acallar incluso a potenciales adversarios, se tiene actualmente presos políticos, desde hace cuatro años, sin que hubieran avanzado un ápice los juicios a los que fueron sometidos, lo que prueba que éstos fueron abiertos artificiosamente.

De igual manera, se tiene exiliados forzosos, pues se vieron en la necesidad de recurrir a este medio, ante la amenaza que se cernía sobre ellos: ser víctimas de los juicios políticos para encarcelarlos.

En el último tiempo, se estableció que desde las esferas oficiales se puso en práctica actos de extorsión, principalmente en contra de empresarios y dirigentes cívicos de Santa Cruz. Tantas y persistentes fueron las evidencias de tales acciones, que el propio Gobierno se vio forzado a recluir en el penal de Palmasola a un grupo de funcionarios de alto rango, acusados de formar parte de una red de extorsión e impartir las órdenes represivas que recibía el ex fiscal Soza, quien sorpresivamente buscó asiló en Brasil y allí corroboró que eran ciertas las grabaciones que la senadora Gonzales las hizo públicas.

La semana pasada, los recluidos denunciaron haber sido víctimas de golpizas de un grupo de encapuchados, los que actuaron libremente… La deducción que se hace es que fueron policías o agentes del gobierno los autores de las golpizas, con el afán de acallar a los ex funcionarios de confianza de éste, pues anticiparon efectuar revelaciones, demostrativas de que cuanto hicieron fue en cumplimiento de órdenes superiores.

De su parte, la senadora Gonzales trató en los últimos días de proteger a las ex autoridades recluidas en Palmasola, pese a que fruto de su accionar fiscalizador se hallan en esa situación. Empero, la parlamentaria demuestra, con esta actitud, que tampoco acepta que se torture a quienes involucró en sus investigaciones.

Por encima de las diferencias que generan sus investigaciones, lo que a la senadora le interesa es que prevalezcan en el país los derechos humanos, sin discriminación alguna.