Caso Rózsa mantiene dudas a cinco años de operativo en Santa Cruz

Madrugada del 15 de abril de 2009, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, casa del cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas. Una dinamita explota en el portón de la vivienda y causa alarma en los tres ocupantes de la residencia que denuncian el caso a la Policía.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.

Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.

El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.

“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.

En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.

El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.

El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.

En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.

La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.

“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.

Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.

La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.

Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.

“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.

Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.