Justicia brasileña emitió sanción a dos represas por exceso de inundaciones

“Uno de los jueces más probos del foro brasileño fijó multa de 100.000 reales diarios si las represas de Jirau y San Antonio no inician nuevos estudios de impacto ambiental y no cubren costos de atención a familias y municipios damnificados en la cuenca del Madeira-Mamoré, mientras un exministro de Lula les exige un pago de 500 millones de reales por daños al municipio de Porto Velho en la frontera con Pando (Â…)”, afirma una publicación del periódico digital Sol de Pando.

Este hecho antecede a lo que puede ser considerado como un precedente para Bolivia, ante una posible demanda internacional al Gobierno brasileño por los efectos que causa (las represas) en su territorio y algo peor en nuestro país, que pese a que bajaron al mínimo las lluvias en Beni y Pando, las aguas de las inundaciones no disminuyen y este fenómeno ya no es un efecto natural.

Como lo revelara EL DIARIO, son las represas que están afectando de manera directa a la naturaleza, habitantes, pesca y otros que de a poco se descubren, sin embargo la hipótesis que lanzamos se viene confirmado con los mismos actores y afectados de Brasil y Bolivia.

SENTENCIA

“Considerando lo excepcional del caso que revela una verdadera tragedia vivida por las poblaciones atingidas en el Estado de Rondônia, determinó la inmediata aplicación de esta decisión”, reza la sentencia emitida por el juez quinto de Tribunal Ambiental y Agrario de la Corte Judicial de Rondônia, Herculano Martins Nacif, que obliga a las empresas hidroeléctricas de Jirau y San Antonio correr a partir de la fecha con todos los costos y gastos de atención a las miles de familias damnificadas, en decenas de municipios afectados por las inundaciones, sobre el río Madeira y sus afluentes.

Según el periodista Wilson García Mérida, la sentencia a la que el periódico digital tuvo acceso exclusivo (emitida al promediar las 19.00 (hora boliviana, del lunes 10 de marzo) exige también a las dos hidroeléctricas que montaron sus usinas (recintos industriales) sobre el lecho del río Madera, proceder a nuevos estudios de impacto ambiental.

Dicha reformulación de los estudios de impacto ambiental deberá ser supervisada por organismos técnicos y sociales competentes, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), entre otros.

Además, agrega la decisión judicial, el Ministerio Público designará peritos ingenieros, agrónomos, geólogos, sociólogos, antropólogos y economistas, cuyos honorarios serán “custeados pelos consorcios” (pagados por las empresas sentenciadas).

En caso de incumplirse esas dos disposiciones (atención a las necesidades básicas de las familias damnificadas financiando vivienda, alimentación, transporte, salud y educación; además de iniciar nuevos estudios de impacto ambiental en estricto ajuste a las normas vigentes), según la trascendental sentencia, se aplicará una multa diaria de 100.000 reales, equivalentes a casi 45.000 dólares por día.

Respecto al pago de indemnizaciones a las familias damnificadas, en base a informes y registros de Defensa Civil municipal, estadual o federal, “as duas hidrelétricas têm prazo de 10 días para comprovar à Justiça Federal que estão cumprindo este item da decisão liminar”. El juez Martins les otorga asimismo un plazo de 90 días para que las empresas demuestren ante la Justicia Federal avances concretos en la reformulación de los estudios de impacto ambiental “sob pena de suspensão de suas licenças de operação”.

DESASTRE NACIONAL

La sentencia del juez Martins fue emitida 11 días después de que el municipio de Porto Velho se declarara, el 27 de febrero, en “Estado de Calamidad Pública” (equivalente en Bolivia a una declaratoria de Desastre Nacional), lo cual sirvió de fundamento para los alegatos que expusieron las fiscalías y defensorías públicas estaduales y federales, además del gremio de los abogados, el pasado 6 de marzo, en la demanda de un juicio de Acción Civil Pública por “daño moral colectivo” contra los consorcios Santo Antônio Energia propietaria de la represa del mismo nombre, y Empresa Sustentável do Brasil que es dueña de la represa de Jirau.