Sobre acusaciones y defensas

Nuestro país es un Estado democrático, y la democracia es un modelo abierto de gobierno, es decir, quienes gobiernan tienen la obligación de someter sus actos al control del Parlamento, y de permitir el acceso de la prensa a la información que le permita enterarse de cuanto hacen los que tienen el poder en sus manos, pues éste es una delegación momentánea de la soberanía del pueblo.

En este momento, como en muchos casos anteriores, la mayoría de los diputados y senadores está controlada por un partido que no quiere ver aquello que no le conviene, o que le hace daño político, sobre todo en un año electoral, lo cual nos lleva a pensar que el control que ejercen sobre los actos de los gobernantes es escaso. Pero la prensa puede cumplir ese importante rol para que la democracia no sufra daño, y el país pueda funcionar como debe: equilibrada y transparentemente.

Hace tiempo se ha denunciado hechos que van contra la Constitución, pues algunos fiscales y autoridades judiciales habrían actuado bajo presión ejercida por parte del Ejecutivo, lo cual es una franca intromisión de un poder sobre el otro, y además significa que se quiere torcer las instituciones y las leyes para conseguir ventajas de algún tipo, para beneficiar a grupos o personas; también se ha hablado de corrupción por parte de algunos funcionarios gubernamentales, con los mismos objetivos.

Esta acusaciones son muy serias, y ponen en tela de juicio la legalidad y ética de un gobierno que ha promulgado una nueva Constitución para tomar distancia de la corrupción propia del sistema neoliberal, y entrar en el nuevo régimen del Estado plurinacional, más equilibrado y moral. Eso fue lo que se nos dijo al convocar a la Asamblea Constituyente; pero ahora esa norma fundamental del Estado está siendo vulnerada por actitudes inconstitucionales y nada éticas de los mismos que criticaban las acciones de los anteriores gobernantes.

Hace cinco años más o menos, con bombos y platillos se ha abierto un juicio contra un grupo acusado de separatismo y de haber cometido actos terroristas. Hasta ahora lo que se ha sacado en limpio es que han muerto varios acusados de pertenecer a esa agrupación; y que un funcionario del Ministerio de Gobierno entregaba dinero a una persona, a la cual se la consideraba testigo clave en la acusación contra la supuesta organización separatista; testigo que ahora es acusado de no se sabe qué cosa en concreto. Además, que uno o varios de los fiscales encargados del caso se ha valido del cargo para extorsionar a los acusados. ¿Acaso las pruebas presentadas no son suficientes para su condena? ¿Cómo una persona va a entregar dinero para ser excluida del proceso si no hay la intención de jueces y fiscales para torcer la justicia? ¿El Estado seguía atentamente el curso del juicio? ¿Por qué no denunció oportunamente mediante sus abogados a las autoridades superiores de la justicia sobre los malos manejos de esos funcionarios, los cuales ponían en peligro el éxito del juicio, y con ese fracaso, cubrían un hecho que atentaba contra la integridad de la Patria? Un ex fiscal ha huido del país para no responder por sus actos ante la justicia. ¿A quién beneficia esa fuga?

Lo peor es que se habla de una oficina del gobierno para perseguir jurídicamente a los opositores, y que algunos funcionarios habrían extorsionado a varias personas. Esos empleados del Ministerio de Gobierno ahora están detenidos, acusados de extorsión, y las autoridades los llaman delincuentes, a quienes no se les debe creer las acusaciones que ahora lanzan en contra sus exjefes. ¿Alguien se vuelve delincuente únicamente cuando acusa a otro? ¿Cuándo se convirtieron en delincuentes? ¿Qué oportunidades tuvieron para llegar a serlo? ¿Sus jefes no se daban cuenta de su comportamiento y no tomaron los recaudos necesarios?

Finalmente, en el debido proceso, el llamado delincuente ¿no puede aportar pruebas contundentes que deben ser evaluadas por los jueces? ¿Por qué se los descalifica antes de escucharles? ¿Por qué se lleva gente enmascarada a las celdas de las cárceles donde están detenidos, para amenazarlos y golpearlos si dicen cuanto saben? ¿A quién, con autoridad suficiente como para hacer eso, se quiere encubrir con el silencio forzado, extorsionado, para que no hable? ¿Esa es una forma de defensa legal de algún político honesto?