Publicación sobre opositores deriva en querella criminal contra Pérez

Los miembros de la Comisión de Justicia y Verdad anunciaron por separado el ingreso de una querella criminal en las siguientes horas, contra el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, tras la publicación de una solicitada en medios progubernamentales donde se trata de asociar a los diputados opositores con personajes políticos que se encuentran fuera del país, muchos con procesos legales en su contra.

La solicitada asegura que la “célula separatista”, en referencia al caso Rózsa, “sigue vigente” y coloca un colage de fotografías donde se observa a Branko Marinkovic, exlíder cívico de Santa Cruz, y Marcelo Soza exfiscal del caso terrorismo, ambos radicados en Brasil; Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’ y el fallecido Eduardo Rózsa del mismo caso; Manfred Reyes Villa, exprefecto de Cochabamba; Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, prófugos de la justicia tras la masacre de Octubre Negro; el senador Roger Pinto y los miembros del caso de la red extorsión que implicó al norteamericano Jacob Ostreicher.

Todos ellos intercalados con los miembros de la comisión legislativa conformada por la disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, y los legisladores de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola y Franz Choque, además de la senadora Carmen Eva Gonzales.

Yaksic manifestó que tanto la publicación como el viceministro vulneran sus derechos constitucionales. Apuntó también al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien dijo en la conferencia de prensa “acá me tiene”, mostrando sus manos para ser aprehendido.

“La solicitud pagada y publicada por el Ministerio de Gobierno atenta contra nuestros derechos constitucionales básicos al acusarnos de pertenecer a una célula separatistas, solo por el hechos de hacer nuestro trabajo de fiscalización. No pensábamos que llegarían a este extremo de la canallada, e infamia del ministro de Gobierno Carlos Romero y el viceministro Jorge Pérez”, dijo.

Por su lado, Piérola estuvo en medios de prensa anunciando el juicio penal directo contra Pérez sin descartar incluir a Romero e incluso el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, por tratar de sindicarlos con los citados personajes políticos.

“No voy a negar que viajé el año pasado a Estados Unidos, pero jamás me reuní con Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, por tanto el viceministro va a tener que comprobar lo que dice, caso contrario deberá tragar sus palabras, porque ya está de buen tamaño este abuso de poder”, declaró.

Delgado ya anticipaba tomar acciones tras la solicitada y notas de prensa de los medios progubernamentales con fotos públicas, incluso tomadas de las redes sociales, para tratar de intimidar su labor fiscalizadora. La denominada libre pensante volvió a citar al segundo mandatario como parte de la cúpula que ha desvirtuado el “proceso de cambio”.

“Hemos decidido fiscalizar la existencia de una cúpula, que ha sido denunciada hace mucho tiempo por las personas que están en Palmasola, se tiene que investigar que hay una cúpula a la cabeza de Álvaro García Linera, que está ahí el Ministro Romero, el Viceministro Pérez y los Gabinetes Jurídicos que han ido cambiando en diferentes años”, dijo.

Según la Constitución Política del Estado en su art. 151, la labor de los legisladores está resguardada: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.

El presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío (MAS), calificó a la comisión como inconstitucional, además de no estar dentro del reglamento de esa instancia legislativa.

No descartó que existan procesos futuros: “Podrían generar responsabilidades, ya que estarían ejerciendo funciones sin haber cumplido las formalidades establecidas por el marco legal vigente que rige la actividad parlamentaria”.