La esperanza de La Haya

El nuevo procedimiento de demanda para que Bolivia recupere su salida al mar, impulsado por el Gobierno actual del país, ha originado inusitado interés del pueblo en ese objetivo histórico, injustamente postergado por Chile desde hace más de un siglo.

El tema de la reivindicación marítima boliviana fue actualizado, una vez más, hace pocos años, al ponerse en tapete la Agenda de los 13 Puntos, la misma que no recibió la debida atención de los gobiernos de La Paz y Santiago y que terminó en un inmenso cero, provocando gran desilusión entre la población boliviana que vio, otra vez, frustrados sus altos intereses.

Dicha Agenda quedó al parecer sepultada hace cuatro años, cuando el Gobierno chileno de Sebastián Piñera hizo oídos sordos ante las proposiciones bolivianas y, finalmente, negó a Bolivia toda posibilidad de volver al mar, señalando, al mismo tiempo, que la diferencia entre los dos países estaba zanjada desde el Tratado de 1904 y que estaba en vigencia el principio de que “los tratados no se los revisa”, tesis contraria a la boliviana que afirma que “todos los tratados son revisables”.

Ante el fracaso de ese último intento de negociación, el Gobierno boliviano adoptó una medida extrema, consistente en demandar ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda -la máxima instancia mundial para resolver litigios internacionales-, la solución del problema. La decisión de La Paz constituyó, en realidad, desde 1920, el paso más avanzado que se pudo dar ante el problema y puso en manos del Tribunal de la Haya un asunto candente con la posibilidad de solucionar en definitiva una cuestión centenaria, que es una “papa caliente” en manos de las naciones no sólo de América Latina, sino del mundo.

Ahora bien, la demanda boliviana presentada ante la Corte de la Haya -es necesario decirlo- se limitaría a que ese organismo internacional invite al Gobierno chileno a abrir una negociación, pero no estaría solicitando de manera concreta que resuelva el conflicto, es decir que Chile devuelva a Bolivia el territorio que le arrebató o que le otorgue una salida al océano Pacífico. Esa solicitud inicial fue respaldada en días recientes con la presentación de una Memoria, haciendo constar que el gobierno del Mapocho puede dar a Bolivia una salida al mar, considerando que esa iniciativa de Chile ya la había propuesto formalmente en numerosas oportunidades y que ésta era la que debía satisfacer los intereses de las partes involucradas.

Ahora queda al gobierno de Santiago responder al último Memorial boliviano, para que, enseguida, el alto tribunal internacional dicte una Resolución en torno al pedido específico del gobierno de La Paz, en sentido de obligar a Chile a iniciar una franca negociación con Bolivia, pero no enfocar y resolver el asunto del enclaustramiento boliviano que padece por culpa del vecino.

El paso que se deberá dar en alrededor de los dos próximos años será, probablemente, que Chile sea conminada a negociar con Bolivia el asunto de su reivindicación marítima. Pero el tema tampoco terminará ahí, pues podría ocurrir que Chile no acepte realizar la negociación. Y si la acepta, podrá acudir a recursos característicos de la perfidia diplomática que siempre caracterizó al país vecino.

Finalmente, también se podría esperar que La Haya acepte algún recurso legal que presente Chile para que el asunto salga de su jurisdicción y competencia, lo cual originaría una situación que se la podría calificar de “borrón y cuenta nueva”, lo cual sería poco beneficioso para nuestro país y para el prestigio del Gobierno que inició la negociación ante la justicia internacional, resultado que, naturalmente, está por verse.